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Mayra Soria10 octubre, 20172min690

El vicepresidente Jorge Glas espera salir en libertad el próximo lunes, informó esta tarde su defensor Eduardo Franco Loor. El lunes 16 de octubre se debe desarrollar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra los 18 procesados por asociación ilícita en el caso de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

“Espera salir en libertad, ya sea porque el fiscal (Carlos Baca Mancheno) se abstenga o porque haya sobreseimiento del juez nacional”, expresó Franco Loor, quien aseguró que “el vicepresidente confía en la justicia”.

Al inicio de la audiencia se conoció que el defensor de Jorge Glas desistió de pedir revisión a la prisión preventiva. El abogado Eduardo Franco Loor considera que no procede la prisión y que el uso de un dispositivo electrónico tipo grillete es humillante para el segundo mandatario, que al momento no tiene funciones. El juez Miguel Jurado Fabara de la Corte Nacional preside la audiencia que analiza lo solicitado por el abogado de Glas.

Redacción El Universo


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Mayra Soria10 octubre, 20171min1360

Cumandá Mayorga, de 38 años, y su hija de 6 años fallecieron este martes poco antes de las 08:00, cuando la camioneta de color rojo en la que viajaban chocó contra un bus de la cooperativa Riobamba, disco 46.

El accidente se produjo en el sector conocido como la curva del Chocho, en la carretera Ambato-Mocha, cuando Mayorga se trasladaba a su trabajo en Mocha y e iba a dejar a su pequeña en la escuela, donde cursaba el primero año de educación básica.

Según pasajeros del bus, el vehículo no iba lleno, salió de Riobamba a las 06:50 hacia Santo Domingo de los Tsáchilas, e iba con velocidad moderada.

Maritza Valencia, del Cuerpo de Bomberos de Mocha, indicó que la mujer aparentemente habría querido revasar pero no alcanzó y fue impactada por el bus, arrastrándola por aproximadamente 100 metros.


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Mayra Soria10 octubre, 20171min610

Desde las 15:00 de hoy, el juez Miguel Jurado resolverá si acoge o no la solicitud de sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva que pesa contra el vicepresidente sin funciones Jorge Glas, procesado por supuesta asociación ilícita dentro del caso Odebrecht.

La diligencia debía realizarse el viernes último, pero debido a “ocupaciones inherentes a las actividades” del juez se difirió para esta tarde.

En la misma audiencia que se analizará el recurso interpuesto por Glas también se resolverá el pedido de sustitución de la prisión que hay, desde el 3 de junio, contra el coprocesado Gustavo M. Será un día antes de las audiencias de procedimiento abreviado a favor de él, Kepler V. y José T.

Redacción El Universo


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Mayra Soria9 octubre, 20171min800

Un hombre de 67 años mató a su hijo de 5 y luego se ahorcó la madrugada de este lunes, en el sótano de un condominio diagonal a la Caja del Seguro, en el centro de Guayaquil.

Según detallan allegados y los primeros reportes policiales, sería por una presunta separación con la madre del menor. Ella habría llegado esta mañana al departamento y descubrió el hecho.

Familares y vecinos se mostraron consternados con el suceso. Muchos no pudieron contener las lágrimas, mientras la Policía realizaba las pericias del caso.

Familiares indicaron que el señor estaba deprimido por la separación con su exconviviente hace dos meses, incluso habría estado tomando pastillas para la depresión. Y aprovechó el feriado para pedirle a su expareja que lo deje al niño ya que ella tenía un viaje.

Redacción El Universo


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Maria Jose Toledo9 octubre, 20176min700

La propuesta de la consulta popular sobre la sanción para los actos de corrupción no es nueva. Son varios los actores políticos que han planteado la conocida ‘muerte civil’ y la reparación al Estado por los daños ocasionados. Por ejemplo, Pachakutik, la Izquierda Democrática e, incluso, el mismo titular del Legislativo, el oficialista José Serrano.

Sin embargo, en el Ecuador existen herramientas para atacar la corrupción: la Unidad de Análisis Financiero contra el Lavado de Activos, la Ley de Contratación Pública y la Ley de la Contraloría General. El mismo Código Orgánico Integral Penal (COIP) establece penas para dichos delitos y la reparación integral por los daños causado, informó Diario El Universo.

Incluso, la Constitución impide que quienes hayan sido sentenciados con reclusión por delitos como cohecho, enriquecimiento ilícito o peculado puedan ser candidatos. La mencionada inhabilitación o ‘muer­te civil’ -entendida como la suspensión de algunos derechos, para sancionar determinados actos ilícitos- ha sido incorporada ya en el ­Código Penal de varios de ­países de la región, incluido Ecuador.

En esos países, esta pena ocasiona la incapacidad para asumir cargos públicos, la privación de derechos políticos, derechos civiles, entre otros. Y tiene, por lo general, un tratamiento especial cuando los delitos son cometidos por funcionarios públicos. Lo que la iniciativa del Ejecutivo sí hace es ampliar el catálogo de los delitos inhabilitantes. Y agrava la situación de los servidores del sector público, en general, que se impliquen en delitos relacionados con actos de corrupción. La propuesta del presidente Lenín Moreno busca evitar “los medios y ardides utilizados para lesionar al Estado y evitar su intervención”.

Eleva a nivel constitucional el impedimento para ser candidato a elección popular, para contratar con el Estado, para desempeñar cargos públicos y la pérdida de derechos de participación. Estas son las penas para el peculado, enriquecimiento ilícito, concusión, cohecho, tráfico de influencias, oferta de realizar tráfico de influencias, testaferrismo, lavado de activos, asociación ilícita y delincuencia organizada.

Es decir, los delitos relacionados con los actos de corrupción. Incluye también reformas a un artículo del Código de la Democracia, uno de la Ley Orgánica de Servicio Público y seis del COIP. Esto es para reforzar lo establecido en la enmienda. En el Código de la Democracia se modifica una de las condiciones del artículo 96, que impide a los ciudadanos inscribirse como candidatos si es que cumplieron una sentencia por los delitos antes mencionados.

En la Ley Orgánica del Servicio Público, en el artículo 10, sucede lo mismo. Solo que se especifica que ellos estarán prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública. En el COIP, también se agrega el detalle de prohibición de contratación con el Estado, a través de la inclusión en el Sistema Nacional de Contratación Pública. Añade la pérdida de los derechos de participación por un período de entre 10 y 25 años.

La reparación integral al Es­tado y a la sociedad; es decir, que responderán con sus bienes para cubrir el monto determinado por la pena. Y, finalmente, se agrega a las personas jurídicas, es decir, a las empresas, como responsables. Su pena será la disolución y liquidación, y el pago de una multa de entre USD 187 500 y USD 375 000, de acuerdo con el salario básico de este año. Estas medidas, que el Mandatario busca implementar, nacieron de los procesos que han desarrollado varios organismos, con la participación de las instituciones afectadas por los entramados de corrupción.

En su argumentación, presentada a la Corte Constitucional la semana pasada, Moreno sostiene que se han detectado los mecanismos utilizados, que alcanzan el uso de empresas nacionales, compañías en paraísos fiscales, así como cuentas y transferencias en esas mismas ‘offshores’. Por eso, también extiende las sanciones a organizaciones y personas jurídicas del sector privado que se utilicen para delinquir contra el Estado.


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Maria Jose Toledo9 octubre, 20172min780

Las autoridades de Ecuador colocaron esta mañana ofrendas florales en el monumento a los próceres del 9 de octubre de 1820, en el parque Centenario, al centro de Guayaquil, por los 197 años de independencia.

El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano; el gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos; la asambleísta por Alianza PAIS, Viviana Bonilla, entre otras autoridades estuvieron presentes en el evento cívico.

Minutos después llegó el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, en representación del Municipio, quien dio ofrenda floral en columna de los próceres. Estuvo acompañado de la vicealcaldesa Doménica Tabacchi.

El mandatario Lenín Moreno también expresó su ¡Viva Guayaquil! a través de su cuenta de Twitter. “¡Hoy celebro junto al pueblo guayaquileño un año más de la Aurora Gloriosa!”, tuiteó el Ejecutivo.


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Maria Jose Toledo8 octubre, 20171min530

La Policía Nacional decomisó 1,2 toneladas de droga en un cargamento de equipos para purificación de agua, que iban a salir desde el puerto de Guayaquil hacia México, informó este domingo el Ministerio del Interior.

Un perro del Centro Regional de Adiestramiento Canino (CRAC) dio la alerta el viernes último al revisar el contenedor. Tras realizar análisis de laboratorio, “los resultados fueron positivos para cocaína con un peso bruto de 1,2 toneladas”, señaló el ministerio en un comunicado.

El cargamento, que según la cartera tenía como destino México, quedó retenido y sellado en el Terminal Portuario de Guayaquil. El ministerio no especificó el nombre de la empresa que transportaba el contenedor.

Ecuador es considerado libre de cultivos ilícitos, pero suele ser utilizado para el tránsito de drogas y de insumos para su producción. Entre enero y octubre la policía ecuatoriana ha incautado 59,8 toneladas de droga dirigida al tráfico internacional, según cifras oficiales.


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Maria Jose Toledo8 octubre, 20172min640

La asambleísta por el Partido Social Cristiano-Madera de Guerrero, Dallyana Passailaigue, se pronunció a través de su cuenta de Twitter, sobre proyecto de Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género contra las Mujeres, presentado el pasado 24 de agosto por el presidente Lenín Moreno en la Asamblea Nacional.

Passailaigue indicó que en la Comisión Ocasional para el tratamiento de la ley hay “distintos y hasta antagónicos criterios” sobre la forma de combatir y erradicar la problemática social.

La legisladora aclaró que temas como el aborto y el matrimonio igualitario no forman parte del articulado del proyecto de ley.

Passailaigue afirmó que hasta el momento no hay informe para primer debate en la comisión. “Cada uno de los miembros deberá responder por sus principios, conceptos y votos”, agregó.

La asambleísta informó que su posición en cuanto a la violencia contra las mujeres ha sido expresada dentro de su campaña “Amiga, ya no estás sola”. Manifestó que allí “no se incluye el tema identidad de género, que me parece impertinente incluirlo en la referida ley”.


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Maria Jose Toledo8 octubre, 20179min500

El contraste era claro. Afuera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social(CPCCS), en el centro de Guayaquil, la consigna coreada por miembros del movimiento Salud y Trabajo, el miércoles último, era: “Que se vayan”. Lo decían en referencia a los siete consejeros de una entidad creada en la Constitución de 2008 impulsada por el expresidente Rafael Correa. El otro escenario fue en el interior, donde sesionaban cinco de los siete consejeros. Allí los miembros de veedurías coreaban: “El pueblo dice no”, en referencia a la pregunta tres de la consulta popular que plantea el presidente Lenín Moreno.

Son dos caras sobre la entidad encargada de nombrar a las autoridades de control. Entre las designaciones que ha hecho está la del actual fiscal general, Carlos Baca Mancheno, y la reelección como contralor de Carlos Pólit, prófugo acusado de supuesta corrupción.

Mientras que el CPCCS del periodo 2010-2015 designó al exfiscal Galo Chiriboga, retenido unas horas en agosto, cuando supuestamente iba a viajar a Colombia, para que diera su versión dentro de las investigaciones del caso Petroecuador.

Ese mismo cuerpo colegiado designó en 2013 a los actuales miembros del Consejo de la Judicatura (CJ) con Gustavo Jalkh como presidente. Contra él se planteó un juicio político en la Asamblea por supuesto incumplimiento de funciones al haber existido presuntas intromisiones del expresidente Correa en la Función Judicial. El pedido fue archivado.

De ganar el sí implicaría la terminación del periodo de los actuales consejeros. En su lugar estaría uno de transición nombrado de siete ternas enviadas por Moreno a la Asamblea, hasta elegir a los definitivos en las elecciones de 2019. Los de transición tendrán “la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades en funciones designadas” por el CPCCS. Incluso podrán anticipar la terminación de sus periodos.

Como argumento enviado a la Corte Constitucional, Moreno indica que el CPCCS ha sido cuestionado por su grado de intervención en los procedimientos de selección. Anota, además, la necesidad del escrutinio público de sus miembros y de las autoridades que ha designado en “concursos” sin “el aval de la sociedad”.

Analistas dicen que esta ruta va en la línea de anteriores reformas judiciales, como la impulsada por Correa, quien dijo, antes de la consulta de 2011, que metería la mano a la justicia. De ahí la disyuntiva de cómo esperar que el país tenga una Función Judicial lo más independiente posible del poder político de turno.

Enrique Herrería, exdirector del Observatorio Legislativo, asegura que el mecanismo para la designación del Consejo de Transición no es el más idóneo: “Moreno se está reservando la atribución de presentar las ternas, con discrecionalidad”. Debido a que el Ejecutivo no va a cambiar el sistema, Herrería plantea que se presente a los aspirantes con anticipación “para que el pueblo evalúe no solo el ámbito académico, sino su probidad, porque durante el gobierno de Correa se dio oportunidad a jóvenes con múltiples títulos académicos, pero que no respondieron a las exigencias de la moral pública”, señala.

Al paso de las críticas sale el consejero Edwin Jarrín, quien asegura que en los procesos del CPCCS no se han dado interferencias externas. Y como evidencia menciona que se ha seleccionado a opositores de Correa. “La exasambleísta Cristina Kronfle (Madera de Guerrero) ganó un concurso para el Consejo Nacional para la Igualdad, el hijo del asambleísta (Luis) Pachala (CREO) también ganó un concurso”, relata.

Pero no ha ocurrido en los puestos clave de control ni con los seleccionados para el CPCCS. Los siete consejeros actuales habían trabajado en entes del Ejecutivo durante los periodos de Correa (ver gráfica).

En cambio, el consejero Juan Peña hace un mea culpa, pero señala también que las comisiones ciudadanas de selección son las que finalmente presentaron los informes que deben aprobar: “Hay que asumir responsabilidades de las acciones, pero por qué no se ha hecho referencia a las comisiones de selección…, por propia naturaleza no podemos tener injerencia”.

El proyecto de enmienda establece que los consejeros “no podrán ser afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años”. Pero María Díaz, secretaria de la Asamblea Popular Ecuatoriana de Transparencia y Control Social, indica que en una reunión hace quince días planteó que se establezca que los postulantes para los cargos de libre remoción no hayan participado en los gobiernos de los últimos veinte años.

La dirigente apoya el no en la consulta. Dice que hay comités de usuarios que vigilan los servicios públicos en los hospitales, como parte de las opciones que da el CPCCS. El problema es que los informes de las veedurías no son vinculantes: “Hay que realizar cambios… pero por seguridad jurídica se deben respetar los periodos”, afirma.

David Rosero, exconsejero (2010-2015), cree que “las autoridades del Consejo Nacional Electoral, contralor, fiscal general, etc., deben ser electos por votación popular para que tengan legitimidad… Cuando estuve en el CPCCS, una mayoría de cinco correístas archivaba casos de corrupción”, asegura.

Un ejemplo de este “secuestro de poderes”, según Rosero, fue la designación “a dedo” del Consejo de la Judicatura Transitorio: “Yo voté en contra de sus miembros, pero la mayoría correísta lo aprobó”.

Santiago Basabe, profesor de la Flacso, indica que la Función Judicial ha estado politizada tras el regreso a la democracia, en 1979. “Es alta la inestabilidad judicial y falta de independencia, con picos de mayor y menor independencia por periodos. Los últimos diez años la interferencia es igual o peor que en la época de León Febres-Cordero, porque hubo un proceso de cooptación de la justicia por un solo partido”.

Felipe Burbano de Lara, sociólogo de la Flacso, dice que la actual vía de designación no es acorde a un sistema democrático: “Está mal creer que la participación ciudadana se puede estatizar…, es una aberración desde el punto de vista del diseño político y de la misma concepción de la democracia”.

Redacción: Diario El Universo



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