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Maria Jose Toledo4 febrero, 20181min560

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro dijo este domingo que el Consejo Nacional Electoral anunciará el lunes 5 de febrero, la fecha de las elecciones presidenciales, luego que el sábado él mismo lo exigiera.

Durante la celebración del fallido intento de golpe de Estado de 1992, Maduro llamó al comandante Vladimir Padrino a preparar el Plan República, que es el encargado del despliegue y resguardo de los centros electorales.

Fuente:

NTN24


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Mayra Soria29 enero, 201817min1160

A punto de finalizar el primer mes del año, la situación de los venezolanos en Colombia se está desbordando. Esta semana, en el barrio Sevilla de Cúcuta, fueron desalojados 600 ciudadanos de ese país que se habían instalado en un polideportivo. En Bucaramanga causó indignación el ataque de un venezolano a un colombiano que le daba alimento. En Bogotá fueron capturados tres venezolanos por un asalto en Transmilenio. En Ipiales, en las últimas tres semanas pasaron 32.754 venezolanos que intentaron migrar hacia Ecuador. Y 300 fueron desalojados de la terminal de transporte de Barranquilla.

El panorama se agudiza porque, de más de medio millón de venezolanos que hay actualmente en Colombia, 374.000 son irregulares, y lo que más inquieta es que los esfuerzos del Gobierno son insuficientes. La paradoja es que hace cuatro décadas esas cifras eran de miles de colombianos que migraron al vecino país en busca de opciones ante la bonanza petrolera. Y en aquel tiempo, a través del decreto 31 de 1977 del Quinto Plan de la Nación, Venezuela promovió un trato incluyente para los connacionales y les brindó condiciones sociales y laborales. En buena medida, acogió una población que está de retorno.

Martha Barón, colombiana de nacimiento, hizo parte de esa migración a finales de los 70. Entonces tenía 14 años, cinco hermanos y una difícil situación económica. Un amigo le propuso irse a Venezuela y allá llegó. Hizo de todo, hasta que llegó a ser funcionaria y también concejal del municipio de Chacao. “Me daba pena decir que era colombiana. Muchas eran prostitutas, mientras que yo tuve la opción de hacer otras cosas”. Su trabajo se reflejó en la creación de la Fundación Venezolanos por Decisión, para promover mejores condiciones para los colombianos en la vecina nación.

En la actualidad, a través de esa misma fundación, y en alianza con otras tres organizaciones, trabaja para lograr mejores condiciones para los venezolanos que están llegando a Colombia. Por eso se declara aliada del Gobierno colombiano y contribuye a la creación del Permiso Especial de Permanencia (PEP), pero dice que Colombia no es consciente de que la situación en Venezuela no se va a solucionar rápidamente. Sin embargo, hace énfasis en que el país está en mora de declarar la emergencia humanitaria, que permita convocar a otros países a la misión de reducir los problemas de la inmigración masiva.

De hecho, Barón trabajó en la atención de cerca de 600 migrantes que ocuparon la terminal de transporte de Bogotá y admite que es muy doloroso observar que, en el centro de la capital, menores de edad de origen venezolano están hoy dedicadas a la prostitución o están siendo reclutados por organizaciones ilegales. Logró que cerca de 500 venezolanos fueran contratados en fincas de Eje Cafetero, pero insiste en que falta mucho para alcanzar una debida regularización migratoria, por falta de difusión, por colaboración insuficiente de los empresarios o porque el sistema financiero se niega a bancarizarlos.

La situación es tan delicada que el Gobierno de Colombia se ha visto conminado a pensar y gestionar cambios determinantes en su política migratoria. Un solo ejemplo lo explica. En Venezuela llegaron a residir más de un millón de colombianos. Pero hoy, producto de las determinaciones de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, con actos inamistosos o de provocación continua, muchos están retornando a Colombia con un aspecto preocupante: lo hacen con sus familiares nacidos en Venezuela. El fenómeno hoy se conoce como migración de retorno, es decir, personas con algún arraigo en Colombia.

Como si no fuera suficiente, los cambios en los controles en la extensa frontera de 2.200 kilómetros también están agravando el dilema. En la denominada frontera viva, antes se circulaba libremente y fluía el comercio. A partir de agosto de 2015, según registros de Migración Colombia, al menos 22.000 colombianos han regresado al país intimidados. En el estado de Táchira, por ejemplo, algunas casas fueron marcadas con pintura. Este tipo de situaciones han hecho necesaria una política interinstitucional de acogimiento de connacionales, con siete puestos fronterizos adicionales para atender el caso.

Otra de las medidas implementadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido la expedición a venezolanos de la denominada Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF). Mediante este documento, que ya recibieron más de 1,4 millones de personas, el Gobierno ha facilitado el ingreso y la salida de población extranjera hacia el país, con el propósito de agilizar el comercio, los servicios de salud y también la movilidad en la zona de frontera, sin requisitos como el pasaporte por períodos de seis meses o hasta por dos años, siempre en el marco de la organización y la seguridad.

No obstante, la situación se ha complicado porque Colombia se volvió país de tránsito para venezolanos que buscan oportunidades en Perú, Ecuador, Argentina o Chile. Esta migración transitoria se refleja en los registros oficiales de la Cancillería. Mientras en 2012 salieron vía Ecuador 2.338 venezolanos, el año pasado la cifra alcanzó los 229.674. Es más, en este mes, otros 32.754 viajaron por esa misma ruta. Christian Kruger, director de Migración Colombia, indicó que, además de las medidas migratorias, es necesario fortalecer la cooperación a nivel regional para afrontar las dificultades comunes.

El tema central es humanitario, pero, según la experta en asuntos internacionales María Clara Robayo, el asunto tiene otras facetas. En 2005, luego del despido masivo de 18.000 trabajadores de PDVSA, en el gobierno de Hugo Chávez, una élite adinerada, integrada por inversionistas en potencia, migró al país. De la misma forma, entre 2010 y 2011, muchos salieron para proteger sus capitales. Robayo sostiene que la política de expropiación de bienes, inflación en aumento y devaluación del bolívar fueron las motivaciones. En 2014, en medio de protestas contra el gobierno Maduro, se volvió a incrementar el éxodo.

Este contingente humano de familias que buscan su supervivencia en Colombia es el que se ve a diario en casi todas las ciudades del país. Con un salario mínimo en Venezuela que no supera los cinco dólares, escasez de alimentos y de medicinas y una inflación que, al finalizar este año, según las proyecciones de las calificadoras de riesgo, llegará al 33.000 %, no cabe duda de que el eje del problema es la catástrofe económica del vecino país. Esa situación ha desbordado todos los estimativos de ayuda y empieza a poner en jaque al Gobierno, a las autoridades y, por supuesto, a la sociedad civil.

El propósito común es ayudar a los migrantes, pero desde 2017 ha sido necesario emprender un proceso de regularización de venezolanos en Colombia. Por eso, en agosto del año pasado se expidió el PEP, que les permite, previa verificación de requisitos, obtener una autorización para trabajar, estudiar y desarrollar actividades legales. El documento tiene una vigencia de 90 días prorrogables a dos años. Además, los ministerios de Educación, Salud y Trabajo ya expidieron instructivos para autorizar el trabajo de los migrantes y facilitar su inclusión en el sistema de salud y de educación.

El problema es que sólo están regularizados 177.803 venezolanos. Una cifra que contrasta con los irregulares, de los cuales 225.000 no ingresaron por los pasos autorizados y otros 149.691 superaron el tiempo de permanencia en Colombia. Se estima que la cifra de venezolanos irregulares en Colombia asciende a 374.691 ciudadanos. Un panorama con otras consecuencias. Por ejemplo, según registros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), en las prisiones colombianas ya hay 301 hombres y 50 mujeres venezolanas, que corresponden al 43,3 % de los extranjeros privados de la libertad.

Asimismo, entre agosto de 2016 y enero de este año se adelantaron 4.978 operativos. El año pasado se impusieron 6.201 sanciones entre deportaciones, expulsiones y multas. A 2.540 venezolanos se les impidió el ingreso al país. Aun así, los que logran cruzar la frontera se refugian en terminales de transporte, parques, escenarios deportivos y las calles. Abundan los que trabajan en establecimientos comerciales, peluquerías o discotecas. Cerca de 600 empresarios han sido sancionados por contratar venezolanos con bajos salarios y sin el lleno de requisitos legales.

Darío Umaña, presidente de la Cámara Colombo Venezolana, sostiene que “los venezolanos se están convirtiendo en la mano de obra explotada en Colombia”. Un escenario crítico al que se suma también el de las trabajadoras sexuales. Según registros del Sindicato de Trabajadoras Sexuales, las cifras están aumentando notoriamente. A ese cúmulo de enormes dificultades se agrega que los gastos oficiales no alcanzan para apoyar a los migrantes en busca de apoyo. El Ministerio de Salud atendió el año pasado 24.727 casos. El sistema educativo inscribió a 4.537 estudiantes.

Esta semana, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dio una voz de alarma al manifestar que, de aumentar el fenómeno, surgirán dificultades para enfrentarlo, más aún si se atiene a la cifra entregada por la Cancillería, que habla de 35.000 venezolanos entrando al país diariamente. El jefe de la cartera de Hacienda recalcó que “una escalada en ese nivel de inmigración puede generar una situación insostenible, de graves consecuencias desde el punto de vista económico y fiscal”. En otras palabras, ya empieza a ser un asunto de Estado, con las implicaciones políticas conexas.

Como colofón, las relaciones diplomáticas siguen tensas. A comienzos de esta semana, el embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, fue trasladado a Costa Rica. Actualmente, Germán Castañeda, encargado de negocios, lleva la vocería de la delegación en Caracas. Una circunstancia que agrava aún más el fenómeno migratorio y, de paso, contribuye a polarizar los ánimos políticos tanto en el vecino país como en el propio. Hoy no cabe duda de que será uno de los temas cruciales de las campañas presidenciales. La que el gobierno Maduro decidió adelantar en Venezuela y la que toma forma en Colombia.

“Todos los extranjeros son bienvenidos”

El gobierno de Colombia, según directrices de la canciller María Ángela Holguín y el director de Migración Colombia, Christian Kruger, vienen realizando cambios significativos en la política migratoria que tienen como propósito brindar a los ciudadanos venezolanos mejores condiciones de vida una vez deciden radicarse en Colombia.

En este sentido, según informó Kruger, se han flexibilizado las normas y los procedimientos se han vuelto más expeditos para permitir que no solamente los venezolanos, sino todos los extranjeros, puedan permanecer en el país en condiciones dignas. “Son bienvenidos los extranjeros en nuestro país, pero deben cumplir, como nosotros en el exterior, las normas de cada país. Entonces el llamado es para que regularicen su situación”.

Las medidas que pueden contribuir al proceso

Si bien en los últimos años los cambios migratorios han sido importantes, aún se hacen necesarias nuevas modificaciones con el fin de optimizar el proceso de regularización no sólo de los venezolanos, sino de todos los extranjeros que buscan definir a Colombia como su destino de vida.

Según expertos consultados por El Espectador, es necesario sustituir algunos artículos de la Ley de Migración y complementar las resoluciones expedidas por la Cancillería y Migración Colombia. La razón es que ante el éxodo masivo y otros factores las normas se han quedado cortas. Los juristas señalaron que es necesario cambiar la obtención del registro civil que sólo se logra con dos testigos que certifiquen el asunto, “el control debe ser mayor en este aspecto”.

Redacción El Espectador


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Mayra Soria29 enero, 20183min1010

La Fundación venezolana Redes, denunció que la guerrilla del ELN estaría manejando subsidios alimenticios en la frontera con Venezuela, específicamente en el Puente Internacional Simón Bolívar; pero no sólo eso, también indicó que estaría dando incentivos a menores de ese país para que se unan a sus filas.

Javier Tarazona, director de la Fundación Redes, aseguró en diálogo con Rcn Radio, que tras varios análisis y trabajo de campo han evidenciado un serio problema de reclutamiento de niños en frontera.

“El trabajo que venimos haciendo durante varios años ha evidenciado por medio de testimonios, que estarían reclutando menores a sus filas en zonas de frontera”.

Expectativa por reactivación de los diálogos con el ELN esta semana

En cuanto a los subsidios alimenticios, dicha ONG indica que se trata de cajas con alimentos  que entrega el Gobierno y que este grupo ilegal estaría distribuyendo en los estados fronterizos de Apure, Táchira y Zulia. “Vamos a presentar públicamente un informe de lo que está ocurriendo en cabeza del ELN en lo estados fronterizos”.

Lo más preocupante de esa situación es que el gobierno venezolano estaría apoyando y dotando de armas a grupos ilegales que hacen presencia en ese sector. “Estamos documentando testimonios ya qué hay evidencia de faltantes de municiones y armas de guerra qué hay en la frontera y de las fuerzas armadas de Venezuela”.

Por parte de la Fuerza Pública, se indicó a Rcn Radio que hasta el momento no cuentan con información que pueda dar certeza de esas denuncias. Recalcaron que verificarán en la zona de la que se habla en la denuncia para corroborar dicha información.

Redacción RCN Radio


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Mayra Soria26 enero, 20188min790

El adelanto de las presidenciales en Venezuela parece haber descolocado a la oposición, que, fracturada y sin líder, corre a contrarreloj para definir con quién se enfrentará al presidente Nicolás Maduro.

Un nuevo obstáculo se presentó con una sentencia de la corte suprema que el jueves excluyó a la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de un proceso de reinscripción que requería para competir en los comicios.

Desde que la oficialista Asamblea Constituyente decidió que las elecciones serán antes del 30 de abril, varios opositores han manifestado -o insinuado- su deseo de competir.

Las divisiones son evidentes. El exgobernador de Lara (oeste), Henri Falcón, anunció que participará y opinó que la candidatura debía escogerse por consenso, pues a su juicio no hay tiempo para organizar unas primarias.

No obstante, el veterano diputado Henry Ramos Allup opinó que “en cuatro o cinco semanas” la oposición podría hacer las primarias en las que, reiteró, se medirá.

Sin lanzarse como precandidato, el dirigente Andrés Velásquez, exgobernador de Bolívar (sur), llamó a la unidad de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y presentó una propuesta para recuperar al país.

Son tres nombres que en principio manejan la idea de disputar las presidenciales, mientras los principales líderes de la MUD, Henrique Capriles y Leopoldo López, están inhabilitados. El segundo está preso en casa por liderar protestas contra Maduro que en 2014 dejaron 43 muertos.

Pero la MUD no podrá competir después de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que retrasó seis meses la recolección de firmas de votantes para la reincripción, prevista para el sábado y el domingo, en la que debían participar la alianza y sus principales particos.

“El TSJ está anulando la tarjeta de la MUD, la más votada en la historia del país”, dijo a la AFP el experto electoral Eugenio Martínez, haciendo referencia al triunfo opositor en los comicios legislativos de diciembre de 2015.

Diálogo por garantías

El presidente de República Dominicana, Danilo Medina, garante de la negociación entre el gobierno de Maduro y la oposición, aseguró que ambos bandos se volverán a reunir el 28 y 29 de enero en Santo Domingo.

Sin embargo, la oposición no ha anunciado si asistirá. “Lo estamos evaluando. El gobierno tendría que ceder en el tema electoral”, indicó a AFP el diputado Luis Florido, negociador opositor.

Tras el anuncio de la Constituyente -desconocida por parte de la comunidad internacional- México abandonó la mesa y Chile discute si seguirá. Ambos países son facilitadores, invitados por la MUD.

Las garantías para las elecciones presidenciales son el tema álgido.

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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la primera dama, Cilia Flores, en un acto en Caracas el 23 de enero de 2018 | © AFP Juan Barreto

En una propuesta que los cancilleres facilitadores entregaron a las partes -mostrada por Jorge Rodríguez, principal delegado del gobierno- se planteaba que las presidenciales se hicieran en el segundo semestre y que se cambiara a los cinco rectores del poder electoral, acusado por la MUD de servir al gobierno.

Sin embargo, en anotaciones sobre el documento que mostró Rodríguez, se leía una contrapropuesta: cambiar solo dos rectores con periodo vencido.

“Todavía hay capacidad de obtener mejores condiciones (…) para que la gente se sienta incentivada a votar”, dijo a la televisora Vivo Play Jorge Roig, asesor de la MUD en las negociaciones. “Si nos dan una pequeña ventaja, les ganamos”, acotó.

Aunque ha mejorado su imagen, la impopularidad de Maduro es del 70%, según la encuestadora Delphos. Parte de la población le achaca la devastadora crisis económica del país petrolero, con severa escasez de alimentos y medicinas y una hiperinflación proyectada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el 13.000% para 2018.

“Se supone que la crisis económica y el deseo de cambio en las encuestas deberían darle a la oposición la opción de triunfo. Pero el debate está en cómo evitar que el chavismo manipule resultados”, acotó Martínez.

¿Un independiente?

Dos fuertes partidos de la alianza opositora, Voluntad Popular y Primero Justicia, coquetean con la idea de proponer a un candidato independiente para medirse a Maduro. “Es lo ideal”, respondió a AFP una fuente de esos partidos, que prefirió no ser mencionada.

Varios nombres han surgido como posibles candidatos independientes: el empresario Lorenzo Mendoza, el exsecretario ejecutivo de la MUD -sin militancia partidista- Ramón Guillermo Aveledo, y la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García.

En la más reciente encuesta de la firma Datincorp, Mendoza aparece como el que genera más confianza: el 40% de los consultados lo respaldaría.

Redacción 24Matins


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Mayra Soria25 enero, 20183min670

Venezuela declaró este jueves “persona no grata” al embajador de España en Caracas, Jesús Silva, por considerar que su país comete “continuas agresiones” contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

“Venezuela hace del conocimiento de la comunidad internacional que ha decidido declarar persona no grata al embajador del Reino de España en Venezuela (…) en virtud de las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país”, señala un comunicado del Ministerio de Exteriores venezolano.

El Gobierno de Maduro rechazó que el presidente español, Mariano Rajoy, respaldara las sanciones de la Unión Europea contra siete funcionarios venezolanos, a quienes acusa de violaciones de los derechos humanos o de “menoscabar la democracia”.

Venezuela acusa a Rajoy de haber “recibido instrucciones” del Gobierno de EEUU para impulsar las sanciones, que prohíben a los funcionarios (entre ellos al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, y a la presidenta del poder electoral, Tibisay Lucena) viajar a la Unión Europea.

El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, dijo este jueves que España “lamenta” la declaratoria de persona no grata contra su embajador en Venezuela y rechazó las “acusaciones de injerencia”.

“Aplicaremos medidas proporcionadas con reciprocidad”, anunció Dastis en Twitter, al subrayar que su país “siempre ha ayudado al diálogo”, “pero la fe y las promesas deben ir acompañadas de hechos con el pueblo venezolano”.

Según la cancillería de Venezuela, Rajoy se comprometió a “asumir el liderazgo de la conspiración en Europa, con el fin de concertar ataques a la soberanía e independencia del pueblo venezolano con sus socios europeos, a cambio de inconfesables beneficios políticos y económicos”.

El organismo prometió seguir tomando acciones concretas para defender los “derechos fundamentales” y la “independencia del pueblo venezolano”.

El miércoles, Venezuela llamó a consultas a su embajador en España, Mario Isea, tras las sanciones de la Unión Europea, que también afectan al ministro de Interior, Néstor Reverol, y al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno.

Redacción RT


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Mayra Soria17 enero, 20187min800

Entre denuncias de “ejecución extrajudicial”, familiares y grupos de derechos humanos exigían este miércoles la entrega de los cuerpos del piloto Oscar Pérez, protagonista de sonadas acciones contra el gobierno de Nicolás Maduro, y de los otros seis abatidos en una operativo de seguridad.

Desde temprano, el acceso a la Morgue de Bello Monte, la principal de Caracas (sureste), fue restringido por cercos de efectivos armados y con escudos.

Aura Pérez, tía del piloto y exagente policial de 36 años, ingresó al sitio para reclamar el cuerpo: “Vine a reconocer el cuerpo de mi sobrino y exigir que me lo entreguen. Lo enterraremos aquí en Caracas, donde nació”, declaró a periodistas.

El martes, la esposa de Pérez, Dana Vivas, exigió en Twitter al gobierno “que permita identificar el cuerpo” a la familia, y aseveró que no autorizaban su cremación.

Parientes de los otros muertos también llegaron a la morgue.

“Pido encarecidamente(…) al presidente Maduro, con todo mi dolor y el de mi familia, que por favor, por el derecho que nos corresponde, se respete nuestro dolor y dejen de obstruir y nos entreguen el cuerpo de mi hijo”, clamó llorosa Zeila Agostini, madre de Abraham Agostini.

Rodeada de una comisión de parlamentarios opositores que investiga los hechos, Agostini, sostuvo que su hijo “murió como un héroe” y que se enroló en el grupo de Pérez –señalado por el gobierno de “terrorista”– por la grave situación del país.

“Mamá esto está mal, me da coraje, me da impotencia que el pueblo de Venezuela esté lleno de miedo, pero así tenga que dejar mi vida voy a ir a luchar por mi país”, aseguró la mujer que le dijo su hijo en diciembre.

El operativo se desarrolló en las afueras de Caracas siete meses después de que Pérez atacara desde un helicóptero edificios gubernamentales, en medio de una ola de protestas contra Maduro que dejó unos 125 muertos entre abril y julio de 2017.

SEGURIDAD MORGUE CARACAS RTW24

– Hermetismo y controversia –

Familiares, parlamentarios y activistas de derechos humanos lamentaron que el hermetismo haya marcado el caso.

“La respuesta que recibimos fue que no se van a entregar los cuerpos porque están a la orden de un tribunal militar”, dijo a periodistas el diputado opositor Winston Flores. Agregó que las autoridades “no han querido entregar el informe de la autopsia”. “Hubo un ajusticiamiento extrajudicial y queremos comprobarlo”, aseguró.

En videos que difundió en Instagram durante la operación, Pérez, usuario frecuente de las redes sociales, afirmó que las autoridades les estaban disparando pese a que él y sus hombres querían entregarse.

La diputada opositora Manuela Bolívar acusa “una serie de irregularidades” y afirma que el “silencio” responde a “un homicidio a personas que estaban demandando entregarse” y los “cuerpos de seguridad continuaron hasta darle muerte”.

Pero el ministro de Interior, general Néstor Reverol, afirmó que cuando se negociaba la entrega el “grupo terrorista” atacó a las fuerzas de seguridad, matando a dos policías e hiriendo a otros ocho, tras lo que hubo un “enfrentamiento armado”.

Pero los críticos del gobierno no dan crédito al informe oficial.

La exfiscal general Luisa Ortega Díaz, chavista que rompió con Maduro y huyó a Colombia tras ser destituida el año pasado, calificó el hecho como una “ejecución extrajudicial”.

“El procedimiento es un reflejo de la situación del estado de derecho en Venezuela y el nivel de desinformación y opacidad como se maneja el gobierno”, dijo a AFP Rocío San Miguel, experta en temas militares, según la cual la cas donde se escondía el grupo fue destruida con un lanzagranadas anti-tanque RPG 7 ruso.

En un comunicado, la ONG Foro Penal recalcó que es deber del Estado “garantizar la vida, incluso de aquellos que hayan sido señalados como autores o partícipes en hechos punibles”. “Sin incurrir en prácticas que puedan ser consideradas como ajusticiamientos o ejecuciones informales o la aplicación informal de la pena de muerte, prohibida en Venezuela”, agregó.

Un puñado de personas respaldó a los familiares en las inmediaciones de la morgue. Ana Araujo exhibía un cartel donde se leía: “Todos somos Oscar Pérez”. “Me siento plenamente identificada con Oscar Pérez y he muerto un poco con él”, dijo a la AFP.

Redacción AFP


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Maria Jose Toledo16 enero, 20184min770

El expolicía venezolano Óscar Pérez, líder del grupo rebelde que se hacía llamar ‘Guerreros de Dios’, está entre los nueve fallecidos que dejó una operación de asalto de comandos militares cerca de Caracas, informa hoy el martes 16 de enero del 2018 la prensa venezolana.

La versión sobre la muerte de Pérez ha corrido insistentemente, pero las autoridades no la han confirmado y se limitaron a decir que el “grupo terrorista” fue desmantelado en una operación en la que participaron comandos de las fuerzas especiales.

El diario El Universal, citando un parte policial de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, dijo que la operación dejó nueve muertos, incluyendo dos policías, y entre los restantes está Pérez, quien era uno de los hombres más buscados por las autoridades.

Pérez pudo difundir varios videos en los que aparecía herido, con sangre en el rostro, y en los cuales expresaba su deseo de rendirse y negociar su entrega a las fuerzas que lo sitiaron en una casa que usaba como refugio en la localidad de El Junquito.

Autoridades de Venezuela aseguraron que abatieron a varios hombres y capturaron a otros cinco, en tanto que dos policías murieron, en una operación en las afueras de Caracas contra el expolicía Óscar Pérez, quien en 2017 atacó desde un helicóptero edifici

Dijo además que los militares estaban disparando lanza granadas. El rebelde era piloto de la policía judicial y miembros del grupo de Acciones Especiales.

En junio pasado secuestró un helicóptero de la policía con el cual atacó las sedes del Ministerio del Interior y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sin dejar víctimas.

En diciembre pasado asaltó un cuartel de la Guardia Nacional (policía militarizada) en la región norteña de Miranda, de la cual fueron sustraídas armas.

El presidente Nicolás Maduro dijo la noche del lunes que fueron detenidos seis miembros del grupo rebelde. “Están contando todo, es espeluznante lo que tenían planeado este primer trimestre del año. ¿Qué tiene que hacer un Estado responsable? ¿Ser débil? ¿Ver para otro lado? El que entre en el camino del terrorismo y haga armas contra el pueblo, tendrá la respuesta de nuestra Fuerza Armada. No lo duden”, dijo en un mensaje al país.

Redacción: El Comercio


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Mayra Soria15 enero, 20186min840

El gobierno venezolano informó que desmanteló al grupo calificado como terrorista que acompañaba al piloto y actor venezolano Óscar Pérez, quien perpetró una serie de ataques contra sedes de poderes públicos de ese país, en junio de 2017.

En un comunicado del Ministerio e Interior y Justicia, transmitido por el canal estatal VTV, se informó que tras un enfrentamiento, cinco hombres fueron capturados y cinco resultaron muertos.

En ese intercambio de fuego, dos policías murieron luego de que los hombres comandados por Pérez accionaran un coche bomba.

Más temprano, el constituyente y líder chavista Diosdado Cabello informó a través de su cuenta de Twitter que Pérez, en compañía de un grupo de desconocidos, mató a un policía y dejó a diez heridos de gravedad durante el operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad para lograr su captura.

Más temprano, Cabello dio a conocer que el exagente de la policía científica venezolana había atacado a miembros del grupo de acciones especiales FAES y que estos habían respondido con fuego.

En las redes sociales circulan videos grabados por Pérez, quien porta un arma larga y tiene el rostro lleno de sangre, donde informa que los funcionarios policiales y militares mantienen sitiado el lugar donde se escondía junto a otras personas y que presuntamente “no están disparando.

En su clip muestra a un hombre con chaleco antibalas y un arma larga, que se resguarda tras una estufa, y afirma: “Nos quieren asesinar”.

Pérez, quien hasta hoy tenía casi siete meses prófugo de la justicia venezolana, explicó en un clip que se encuentra en la carretera de El Junquito, zona montañosa en el noroeste del municipio Libertador, en Caracas, y que supuestamente no enfrentaría a los funcionarios de los cuerpos policiales.

Este exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), que ha sido catalogado por el Gobierno como “terrorista“, adelantó en el video que esperaba la presencia de fiscales y medios de comunicación.

Las autoridades venezolanas habían colocado en distintos sitios de la ciudad afiches donde se ofrecía una recompensa por la captura de Pérez, quien en varias oportunidades fue entrevistado por medios internacionales como TVE y CNN. Desde sus atentados hasta ahora difundió videos en las redes sociales donde ratificaba su llamado al derrocamiento del Gobierno de Nicolás Maduro.

El atentado

Pérez, a bordo de un helicóptero sustraído de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como ‘La Carlota’, en Caracas, lanzó cuatro granadas contra el Tribunal Supremo de Justicia y efectuó 15 disparos contra la sede del Ministerio de Interior y Justicia, la tarde del 27 de junio del año pasado.

Un día después, la aeronave fue localizada por cuerpos de seguridad venezolanos en una zona boscosa del estado Vargas, a unos 45 minutos de Caracas.

El atentado, que no causó víctimas, fue adjudicado a “factores extremistas de la derecha venezolana“, según el ministerio de Comunicación de ese país suramericano.

Este hecho ocurrió durante las protestas organizadas por la oposición en contra del Gobierno de Maduro, que se extendieron desde abril hasta finales de junio, y que causaron unos 130 muertos y cuantiosas pérdidas materiales en estructuras públicas y privadas.

Reaparición de Pérez

El pasado 18 de diciembre un grupo de desconocidos vestidos de negro sustrajo 26 fusiles, tres pistolas y municiones del comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) del sector Laguneta de la Montaña, en el estado Miranda, a una hora de Caracas. Pérez se atribuyó por medio de un video la autoría de este robo.

Redacción RT


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Mayra Soria15 enero, 20183min970

Efectivos de la policía de Venezuela rodeaban el lunes en una casa en las afueras de la capital a un oficial que en el 2017 protagonizó un ataque desde un helicóptero contra edificios gubernamentales y un robo de armas militares, dijeron autoridades y el piloto rebelde en redes sociales.

Óscar Pérez, un exfuncionario policial al que el presidente venezolano Nicolás Maduro describió como “terrorista”, difundió varios videos en Instagram para mostrar cómo se escondía de policías que según dijo lo tenían “sitiado” en El Junquito, una barriada pobre montañosa en las afueras de Caracas.

En los últimos videos difundidos en la red social, Pérez aparece con la cara ensangrentada y se escuchan múltiples detonaciones. “Dijimos que nos íbamos a entregar, y no quieren dejar que nos entreguemos. Nos quieren asesinar”, dijo.

“El terrorista Óscar Pérez atacó a quienes lo rodean, hiriendo a dos funcionarios del FAES (Fuerzas de Acción Especial), los cuerpos de seguridad respondieron al fuego”, escribió el vicepresidente del gobernante partido socialista Diosdado Cabello en Twitter para confirmar el operativo.

El piloto se había mantenido en la clandestinidad desde que secuestró un helicóptero de la policía en junio del año pasado y lanzó granadas a edificios gubernamentales sin dejar heridos. En diciembre volvió a aparecer en un robo de armas en una unidad militar, donde amordazó a unos oficiales.

“Ahora viene el show de la llorantina (llanto), ¡qué cobarde cuando se ve atrapado como una rata!”, había escrito la ministra de prisiones Iris Varela unas horas antes en un mensaje de Twitter donde nombró al piloto.

Redacción Reuters


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Mayra Soria7 enero, 20184min500

“La comida está impagable”, dijo Domingo mientras hacía una larga fila frente a un supermercado en Caracas, uno de decenas de establecimientos obligados por el gobierno de Venezuela a rebajar los precios en medio de una espiral hiperinflacionaria.

Desde la madrugada de este sábado, nutridas colas -custodiadas por militares con armas largas- se formaron ante supermercados caraqueños tras fiscalizaciones de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundee) a más de 200 establecimientos.

“Sabemos que esto es una catástrofe (…), pero ¿qué voy a hacer? El sueldo no alcanza”, declaró a la AFP Domingo Mata, albañil de 45 años y padre de tres hijos, esperando comprar alimentos a precios rebajados hasta una quinta parte de su precio original.

El jefe de la Sundee, Willian Contreras, informó a la prensa que 214 supermercados de 26 cadenas fueron inspeccionados en Caracas y que unos 350 locales independientes serán fiscalizados en los próximos días en la capital y otras ciudades.

Un control de precios de alimentos básicos y un férreo control de cambios, con el cual el gobierno monopoliza el acceso a divisas para importar productos y materias primas, rigen en el país.

Las fiscalizaciones llegan tras múltiples protestas por falta de comida y servicios básicos, como agua y electricidad, en el cierre de 2017.

Una mujer embarazada murió en la víspera de Año Nuevo en una zona popular de Caracas, herida de bala por un militar, cuando esperaba por pernil de cerdo -platillo tradicional en las cenas decembrinas venezolanas- a precios subsidiados en un programa gubernamental.

Empresarios señalan los controles como causas de la crisis socioeconómica, con una inflación proyectada en más de 2.300% para 2018 por el FMI, la más alta del mundo, y desabastecimiento de alimentos y medicinas. Según la patronal Fedecámaras, la industria funciona a solo 30% de su capacidad.

Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro y altos funcionarios culpan a “una guerra económica” del empresariado que busca generar descontento popular. “Las grandes cadenas estaban remarcando precios sin ninguna justificación”, declaró Contreras al diario Últimas Noticias.

Yajaira Pereira, de 60 años, salía de un supermercado con bolsas de galletas dulces y productos de limpieza. “Es una buena medida”, dijo Yajaira a la AFP, aunque se quejó por la falta de carne, harina de maíz -ingrediente base de las típicas arepas venezolanas- o arroz.

Por el contrario, Ana García lamentó las fiscalizaciones. “Es terminar de destruir todo (…). Hoy te llevas unas galletas y una margarina. ¿Y mañana?”, comentó. Según la presidenta del gremio de comercio y servicios, María Uzcátegui, el resultado de las fiscalizaciones será “anaqueles vacíos”. Las autoridades reportaron operativos similares en mercados de otros tres estados; así como en comercios de ropa y calzado en Zulia (noroeste).

Redacción 24Matins



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