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Maria Jose Toledo12 enero, 20185min750

Hablamos y escribimos mucho de los efectos de las nuevas tecnologías —especialmente del acceso y utilización de las redes sociales— en los jóvenes. Y en muchas ocasiones lo hacemos en términos negativos o pidiendo una toma de precauciones ante posibles peligros. Como suele suceder con todo en la vida, aunque exista una justificación para ello, tal vez podemos estar cargando demasiado las tintas en los peores aspectos. Claro que cuando los padres comprueban cómo la irrupción en los cuartos de sus hijos de los smartphones o las tablets—con sus Instagram, Musical.ly o Facebook, entre otros— suponen automáticamente un bajonazo en la lectura y la puerta cerrada, pocos estudios sociológicos pueden alejar de su pensamiento que hay algo que no marcha bien.

Sin embargo, hablamos poco en los mismos términos de advertencia de los efectos inesperados de la tecnología y las redes en otras actividades, por ejemplo en la política. Es cierto que la gran excepción a esta regla es Donald Trump, pero el uso de Twitter que hace el presidente de EE UU lo coloca como un caso claro de utilización compulsiva de las redes sociales. Hay quien habla de meteduras de pata del inquilino de la Casa Blanca, pero no lo son en absoluto. Lo que hace Trump es utilizar el mismo lenguaje bronco que probablemente usa en reuniones privadas pero en un altavoz de alcance mundial. En lo primero no es el único, en lo segundo sí. Los dos generales de la OTAN que en enero de 1999 visitaron al presidente serbio Slobodan Milosevic para que cesara la represión en Kosovo posiblemente no utilizaron un tono muy diferente al de Trump en su Twitter con el dictador norcoreano Kim Jong-un. Claro que entonces no había redes sociales. En menos de tres meses bombardearon Belgrado. Por cierto, los primeros aviones eran españoles.

Pero no vayamos a los extremos. Lo que llama la atención es cómo la clase política ha adquirido el hábito de utilizar las redes con la inestimable ayuda de los medios de comunicación. Qué maravilla. Ya no hay ni que llamar por teléfono para tener declaraciones. Las tienes en el móvil. Hay de todo, como en el chino de la esquina: desde condolencias a felicitaciones pasando por críticas a propuestas o pensamientos profundos (o no). Como explica el antropólogo Yuval Noah Harari, ya no basta con que las cosas (en este caso las declaraciones) se produzcan, sino que no existen hasta que no se ponen en las redes. Por ejemplo, no es suficiente llamar a Angela Merkel tras unas elecciones. Hay que publicarlo en Twitter.

Fruto de esta lógica tecnológica es la explicación del director general de la DGT, Gregorio Serrano, a su presencia en Sevilla durante el temporal de la AP-6. Allí “también funcionan Internet y el teléfono” y se puede coordinar todo a distancia. Apurando, con Internet basta. En Bruselas —que desde luego no es Sevilla ni en pintura— también funcionan Internet y el teléfono, de modo que Carles Puigdemont quiere ser investido presidente por Skype. En vez de síes deberían darle likes. Desde Madrid el Gobierno respondería con un tuit. Luego critiquemos a Trump.

Redacción: El País


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Maria Jose Toledo11 enero, 20185min970

Artur Mas fue ayer, acaso por última vez, el gran protagonista de la jornada política catalana. Quien presidió la Generalitat entre 2010 y 2016, y a partir de 2012 promovió desde dicho cargo el proceso independentista, anunció a media tarde que dejaba la presidencia del Partit Demòcrata de Catalunya (PDECat), heredero de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Hacía exactamente dos años que Mas, cediendo a las presiones de la CUP, había dado su ya histórico “paso al lado” al comunicar, el 9 de enero de 2016, que designaba sucesor en la presidencia de la Generalitat a Carles Puigdemont. Ayer dio un segundo y quien sabe si definitivo paso al lado, clausurando la etapa del postpujolismo.

Mas manifestó que su renuncia obedecía a dos razones: dejar paso a nuevos liderazgos en el PDECat y afrontar su particular y muy complicado calendario judicial. Anteriormente, la había relacionado con que la base social independentista no se había ensanchado suficientemente el 21-D. Pero en círculos políticos se señalaba también como un factor determinante la inminencia de la sentencia del caso Palau, prevista para el próximo lunes. El fiscal pide ocho años de cárcel para Daniel Osàcar, ex tesorero de CDC, partido que presidió Mas entre 2012 y 2016, y que se habría financiado ilegalmente gracias a la trama de Palau, recibiendo por esta vía 6,6 millones de euros.

Horas antes de dejar la primera línea de la política local, Mas expuso el lunes al Comité Nacional del ­PDECat sus opiniones sobre la coyuntura actual. Son opiniones relevantes, que marcan distancias con las de Puigdemont, quien en días recientes se ha mostrado dispuesto a bloquear la escena política en Catalunya si no logra forzar su propia investidura. E incluso a convocar nuevas elecciones, dilatando la crisis política que tanto ha perjudicado ya la convivencia y la economía del país. No cree Mas –ni Marta Pascal ni David Bonvehí, coordinadores del PDECat– que esta sea una buena idea. Por el contrario, piensa que Catalunya necesita un gobierno estable. Y aquí sintoniza con ERC, partidaria de que las dos grandes formaciones independentistas pacten un Govern que trabaje en pro del mejor servicio y agote la legislatura, a diferencia de lo ocurrido en las tres anteriores, que no se completaron.

Aunque los sectores más radicales del independentismo se resistan a aceptarlo, la nueva legislatura no puede ser como la anterior. Han ocurrido muchas cosas. Carles Puigdemont, que fue presidente de la Generalitat, está en Bruselas. Oriol Junqueras, que fue vicepresidente, está en Estremera. Raül Romeva, que fue consejero de Asuntos Exteriores, no tiene pasaporte. Carme Forcadell, presidenta del Parlament, se muestra remisa a repetir cargo. Y Carles Mundó, cuyo nombre había sonado para reemplazarla, renunció ayer a su acta de diputado y dijo adiós a la política institucional.

Hemos mencionado los nombres de políticos que destacaron en la anterior legislatura. Pero para recomponer su futuro Catalunya no debe supeditarse a los anhelos de estas u otras personas, sino definir un plan de acción guiado por el propósito de excelencia. Por dos motivos. El primero es que eso es lo que merece y espera la mayoría de los ciudadanos. Y el segundo, que el modo más convincente que tienen un gobierno o un movimiento político para granjearse nuevos apoyos no pasa por la agitación y la movilización constantes, sino por acreditar, a diario, la mejor gestión pública posible.

Redacción: La Vanguardia


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Maria Jose Toledo11 enero, 20185min720

La sostenibilidad del sistema público de pensiones es uno de los problemas más graves al que nos enfrentamos. Su solución no solo es compleja desde el punto de vista técnico sino que requiere grandes dosis de diálogo, negociación y acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales. La propuesta de resolverlo con una imposición finalista al sector bancario lanzada ayer por Pedro Sánchez no solo es ineficaz, pues no logrará el objetivo que persigue, sino demagógica, como quedó claro en su justificación como una suerte de venganza por las ayudas recibidas tras la crisis financiera. Lo último que necesita nuestro sistema de pensiones son soluciones de inspiración populista.

Los ciudadanos observan con inquietud el deterioro creciente de las cuentas de la Seguridad Social. La intranquilidad es tanto mayor cuanto que el debilitamiento financiero de la Seguridad Social coexiste con la evolución favorable del empleo, del número de afiliaciones. Es así porque el empleo que se está creando es de baja calidad, dada la temporalidad dominante en los contratos de trabajo y el reducido salario medio de los nuevos empleados. A ello hay que añadir la evolución demográfica de nuestro país, con un envejecimiento creciente que en modo alguno favorece el necesario aumento de la relación entre cotizantes y pensionistas. Frente a ello es de todo punto necesario actuar ya.

Las decisiones a adoptar deben operar sobre distintos ámbitos, desde las destinadas a mejorar la calidad del empleo que se crea hasta la eliminación del fraude en las contrataciones, sin olvidar eventuales ampliaciones en la edad de jubilación o elevaciones en los topes de cotización.

Pero sin menoscabo de esas actuaciones, es necesario asumir que cualquier desequilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social será soportado por los presupuestos públicos. Ello significa admitir que la recaudación de impuestos debe incrementarse para satisfacer esa prioridad inexcusable.

Lo que no es razonable es definir un impuesto específico que recaiga sobre un sector concreto de la economía. Mucho menos justificarlo como una contrapartida a las ayudas públicas que han recibido los bancos en la gestión de la crisis financiera.

Cuestión distinta es la introducción de gravámenes sobre determinadas actividades, como las que deterioran el medio ambiente o la actividad excesiva de determinadas transacciones financieras y especulativas, como la tasa aprobada por numerosos Gobiernos y pendiente de aprobación definitiva en la UE cuyos orígenes se remontan a la demonizada tasa Tobin. La propuesta del FMI en 2010 de un impuesto a la banca tenía como fin la constitución de un fondo para atender futuras crisis de solvencia de esas entidades, no para atender las pensiones.

El necesario aumento de los ingresos fiscales para garantizar los compromisos de la Seguridad Social no tiene por qué concretarse en impuestos finalistas. Existe recorrido suficiente en la mayoría de las figuras tributarias existentes para garantizar la generación de ingresos. La definición de esos medios, de la elección de las figuras tributarias para satisfacer el objetivo de suficiencia, debe ser el objeto de un debate inaplazable entre los representantes parlamentarios.

Las fuerzas políticas deberían ser conscientes del tiempo perdido. La reanimación de la Comisión del Pacto de Toledo tiene que empezar por explicitar el compromiso de atención a los compromisos actuales y futuros sobre las pensiones. Ese debe ser el punto de partida, y no las proclamas populistas de penalización a un determinado sector que terminan debilitando el objetivo perseguido y erosionando la credibilidad de quien lo propone.

Redacción El País


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Maria Jose Toledo10 enero, 20185min850

¡Vaya por Dios! Ahora resulta que a los españoles ya no les preocupa tanto la independencia de Cataluña. De ser percibido como el segundo principal problema del país hace solo tres meses, en diciembre bajó a un modesto quinto puesto, según el último barómetro del CIS, y entra, por tanto, dentro de lo probable que ahora le quite el sueño a muchos menos ciudadanos todavía. Independientemente de que tal percepción sea o no ajustada a la realidad, lo cierto es que este barómetro mete presión a un presidente del Gobierno que, acomodado en su “estrategia del caracol”, como la definía con acierto Sol Gallego-Díaz este pasado domingo, ha encontrado en Cataluña la coartada ideal para persistir en su rentable inmovilismo.

El desafío independentista ha sido para Mariano Rajoy una buena excusa para frenar la tarea legislativa, abandonar la política internacional y paralizar reformas e iniciativas domésticas. La lista es extensa. Por poner algunos de los ejemplos más notables, se puede citar el nuevo sistema de financiación autonómica, que sigue esperando que el cielo se despeje solo. Tampoco ha habido tiempo para negociar los Presupuestos Generales del Estado —prorrogados de manera automática desde el pasado día 1 de enero— aunque sí para prepararlos asegurándose con el cupo vasco el apoyo del PNV. Tampoco hay lugar para hacer efectiva la aprobada reforma de RTVE, que desencallaría si el partido gobernante facilitara el nuevo sistema que él mismo anuló al llegar al poder. Disminuye el paro, pero la desigualdad y la precariedad laboral siguen al alza y las cuentas públicas —especialmente las de la Seguridad Social— no cuadran. ¿Mala gestión? ¡No! La economía española va muy bien, decía Rajoy ayer en contra de la masiva opinión de los españoles, y el secesionismo catalán es “la única sombra” que se cierne sobre ella. Por no hacer, Rajoy ni siquiera está dispuesto a renovar su partido en Cataluña después del batacazo electoral del 21 de diciembre. Es bien sabido que en su formación hay apego a las decisiones en diferido.

Sí, el dato del CIS es una mala noticia para Rajoy. El secesionismo ya le obligó a aplicar el 155 y, ahora, agotado por ese esfuerzo contrario a su temperamento, se queda sin argumentos ante el electorado para seguir echando balones fuera. Para colmo, la corrupción y el fraude vuelven a situarse en el segundo lugar de las preocupaciones de los españoles, dice el CIS, y en este terreno al PP le aguardan más de cincuenta sonoros escándalos en manos de la justicia desde el caso Púnica hasta el caso Lezo pasando por las distintas piezas de la Gürtel.

Una buena gestión del temporal que dejó a miles de automovilistas varados en una autopista hubiera mitigado el mal momento que atraviesa este Gobierno que —¡cómo no!— busca chivos expiatorios en la política de comunicación. La solución mágica, según el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, es “explicar las cosas de manera diferente y por distintas personas”. La política, por lo visto, puede esperar.

Redacción: El País


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Ma. Eugenia Logroño10 enero, 20183min860

La decisión de Donald Trump de retirar el Estatus de Protección Temporal a 200.000 salvadoreños residentes en EEUU constituye una gravísima agresión contra los derechos de cientos de miles de personas, que fueron acogidas en su momento en estado de extrema necesidad, al tiempo que abre la puerta a una de las deportaciones masivas más grandes y vergonzosas del país norteamericano.

El programa de Protección Temporal fue creado en 1990 para conceder visados extraordinarios a ciudadanos afectados por guerras o desastres naturales, es decir, personas cuya vida corría auténtico peligro. El estatus de protección tiene un carácter individual y se concede caso por caso: así fue reconocido en su momento por las autoridades de EEUU a unos refugiados a los que ahora se dice simple y llanamente que Washington ha cambiado de opinión. Esa no es forma, desde luego, de ganarse el respeto de la comunidad internacional donde el cumplimiento de los compromisos adquiridos es la piedra angular de las relaciones entre países, algo que, al parecer, Trump no entiende.

Como desgraciadamente viene sucediendo desde que Trump irrumpió en la Casa Blanca —por ejemplo, con el polémico veto a la inmigración— la decisión tiene numerosas derivadas que amenazan con ampliar la tragedia a los mismos estadounidenses. Hay miles de ciudadanos de EEUU —un porcentaje muy importante menores de edad— nacidos de salvadoreños acogidos al Estatus de Protección Temporal que pueden ver en septiembre de 2019 cómo sus padres son deportados. Lo mismo ocurre con estadounidenses casados con salvadoreños, que se arriesgan a la expulsión de sus parejas.

Trump ya ha actuado previamente con la misma inaceptable inhumanidad contra haitianos y nicaragüenses. Pero la magnitud de afectados en el caso de El Salvador exige una rectificación pronta de la Casa Blanca.


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Maria Jose Toledo9 enero, 20187min1510

Este 14 de abril se cumplen 30 años del fallecimiento de la filósofa y escritora francesa, nacida en 1908 en el parisino bulevar Raspail, sacerdotisa del existencialismo y una de las teóricas clave del feminismo, por mucho que le duela a Hélène Cixous y a otras seguidoras del pensamiento de la diferencia, que la ningunean por verla demasiado apegada al discurso ilustrado, es decir, al feminismo de la igualdad. Y si Olympe de Gouges y Mary Wollstonecraft fueron nuestras abuelas y nuestra madre Virginia Woolf, a Beauvoir le cabe el honor de haberse erigido en nuestra hermana mayor. Una hermana un tanto particular, todo sea dicho, dado que cuando empezó su libro más emblemático, El segundo sexo, publicado en 1949 y hoy considerado la biblia del feminismo moderno, no anidaba aún en ella el gusanillo de la reivindicación.

Simone de Beauvoir, aquella estudiante aplicada que de vez en cuando distraía algún que otro volumen en la librería de Adrienne Monnier y que soñaba con consagrar sus días a la vida intelectual, devino feminista en el proceso de su redacción y sobre todo cuando, tras vender más de 20.000 ejemplares en una semana, constató la indignación que causaba entre algunos próceres y el agradecimiento que suscitaba entre las lectoras, que la agasajaron con un alud de correspondencia, que por cierto jamás cesó. Casi tres lustros después, en este caso al otro lado del Atlántico, se publicaba La mística de la feminidad, de Betty Friedan, que convivió en el agitado 1968 y en sus aledaños con la traducción al inglés del entonces ya mítico ensayo de Beauvoir, aunque se tratara de una versión seriamente tergiversada por un traductor inexperto que tan sólo en fechas recientes ha hallado reparación.

La autora de obras filosóficas como Para una moral de la ambigüedad, de novelas como La invitada o Los mandarines, con la que ganó en 1954 el premio Goncourt (el importe le permitió comprarse un apartamento, tras haber vivido siempre en hoteles modestos), y de libros memorialísticos como La fuerza de las cosas o Una muerte muy dulce, consagrado a su madre, halló en Jean Paul Sartre el compañero ideal para crecer vital e intelectualmente. Muchos la acusaron de excesivo apego a las ideas sartrianas, aunque la pareja jamás viviera bajo el mismo techo; sí comparten lápida en el cementerio de Montparnasse.

Pionera en hablar de la condición femenina como de una construcción cultural y, en consecuencia, pionera de los gender studies con su célebre “no se nace mujer, se llega a serlo”, que abomina de cualquier dictado de la biología, destaca sobre todo por haber predicado con el ejemplo un modelo de libertad que la llevó a gozar de “amores contingentes” que ni interfirieron en su pacto de sangre con Sartre ni tampoco en los muchos viajes de placer o políticos que hicieron juntos, incluidas la China de Mao y la Cuba de Castro. Tras algunos devaneos con el sexo femenino, convivió por ejemplo algunos años con Claude Lanzmann, notablemente más joven que ella y actual director de la revista Les Temps Modernes, cuna del existencialismo.

Siempre pronta a participar activamente de la actualidad, ya en su día la vimos salir a las calles a reivindicar el derecho a la contracepción y al aborto junto a las chicas del MLF, a quienes recibía en su propia casa algunos domingos. Tampoco eludió formular la trampa de la maternidad, uno de los muchos castigos que se infligen a la mujer en tanto que “la otra”, la distinta, que hoy la llevarían a combatir a quienes abogan por un regreso al hogar y niegan una vida plena para las mujeres al margen de la función reproductiva.

En Final de cuentas, el libro que cierra el abundante ciclo autobiográfico que comenzó con Memorias de una joven formal, escribió: “No, no hemos ganado la partida: en realidad desde 1950 no hemos ganado casi nada. La revolución social no alcanzará a resolver nuestros problemas. Estos problemas conciernen a un poco más de la mitad de la población: hoy los considero esenciales. Y me asombro de que la explotación de la mujer sea tan fácilmente aceptada”. Al igual que Borges y Rulfo, Beauvoir nos dejó en 1986 y la explotación persiste, véase la prostitución. De lo que se deduce que El segundo sexo sigue siendo un faro que alumbra en la oscuridad.


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Maria Jose Toledo9 enero, 20185min820

El crecimiento de la inversión, de las dotaciones de toda forma de capital (físico, tecnológico, humano), es una de las condiciones necesarias para que una economía sostenga y aumente su ritmo de crecimiento a medio plazo. Dependiendo de los destinos de la misma, puede ser también el fundamento de la modernización económica, del aumento de la capacidad competitiva y, en definitiva, del bienestar de la población. La materializada por las Administraciones Públicas es parte esencial de la inversión, en la medida en que se concreta en activos que normalmente no asume la iniciativa privada o son directamente complementarias de esta, ya sean infraestructuras físicas, infraestructuras educativas o sanitarias, o en las más estratégicas, como son aquellas basadas en el conocimiento. En España, la gestión de la crisis ha traído consigo una notable descapitalización de la economía que puede pasar factura en los próximos años

La información proporcionada por el Banco de España revela el descenso continuo de la inversión pública en España desde el inicio de la crisis, hasta el punto de situar la correspondiente a 2017 en su mínimo de los últimos 50 años, el 1,9% del PIB, la más baja proporción desde 1970 y la menor de toda Europa, con la excepción de Portugal. Todas las dotaciones de capital han sufrido, y lo han hecho también en la práctica totalidad de las Administraciones Públicas, hasta el punto de que en muchos casos la nueva inversión ha sido inferior a la depreciación experimentada por la del stock existente.

La razón de ese descenso no es otra que la adopción de políticas de austeridad presupuestaria con las que hacer frente a la crisis, reveladas como inadecuadas. Esas contracciones en la inversión fueron superiores a las que experimentó el conjunto del gasto público. El Banco de España destaca que esta partida, que representa el 10% del gasto, soportó cerca del 60% del ajuste fiscal. Además de pronunciar la recesión existente, no facilita la sostenibilidad del crecimiento futuro. Es el caso de la inversión en infraestructuras educativas que ha caído a la mitad desde 2009, o las sanitarias que lo han hecho en un 37%, como señala un documento del IVIE.

Son exponentes no solo de respuestas inadecuadas a la crisis de la deuda soberana que sufrió la eurozona a partir de 2010, sino también de elecciones erróneas en el ajuste del gasto público. Un sacrificio tan severo en ese tipo de inversiones limita la capacidad de crecimiento, pero al centrarse en partidas como la educación y la sanidad, también lo hace con las más inmediatas posibilidades de bienestar para la mayoría de la población. En una economía con una de las tasas de paro más elevadas de Europa y con la mayor proporción de jóvenes desempleados, sacrificar la educación es hacerlo con las posibilidades futuras de empleo. En mucha mayor medida si tomamos en consideración las exigencias de adaptación de las habilidades y competencias del factor trabajo a las transformaciones tecnológicas que están teniendo lugar en el conjunto de la economía global. De poco sirve saludar ritmos de crecimiento actuales si estos siguen amparados básicamente en impulsos externos o en salarios más bajos que los competidores: es pan para hoy y estancamiento para mañana.


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Maria Jose Toledo8 enero, 20185min710

2018 será un año muy movido en ciberpolítica. En América Latina varios de nuestros países estrenarán gobiernos. Quizá este hecho nos permita ver este campo como una oportunidad para cambios y ajustes. Esta columna es la continuación de la de la semana pasada, en ella continúo hablando de los temas que creo serán los retos de la ciberpolítica de la región el próximo año.

La inteligencia artificial, el “big data” y en general los nuevos conceptos que buscan aprovechar tecnologías digitales para usar intensivamente datos de las personas estarán a la orden del día. El principal reto en este caso es que en la región se están adoptando estas tecnologías sin reflexiones sobre nuestro rol en ellas. Sin considerar que nuestros países y su gente somos esencialmente consumidores. Las discusiones que se están dando en los países desarrollados no llegan a nosotros y si llegan no tienen el impacto que debieran porque al final esencialmente usamos la tecnología, no la producimos, tampoco la diseñamos. Los discursos “alegres” que gobiernos y políticos en América Latina manejan sobre estas tecnologías ignoran los riesgos para el ejercicio de nuestros derechos y tan solo repiten los argumentos de los vendedores. Desarrollar discursos más críticos y responsables debería ser una tarea prioritaria.

Hoy se escucha más hablar de seguridad digital que de ciberseguridad. Esto representa un avance, pues el discurso militar ha dado paso a uno más civil, sin embargo, tanto la tendencia regional en esta materia como las políticas nacionales tienen todavía un importante reto, involucrar a la sociedad civil no como simples receptores pasivos de las decisiones, sino como actores claves y comprometidos. Seguir ocupando espacios y demostrar que se puede participar en estos procesos como ciudadanía es una tarea constante.

Nuestra creciente dependencia en las plataformas, en su increible capacidad para proveer herramientas que nos permiten ejercer nuestros derechos (especialmente en lo relacionado con la libertad de expresión, pero también para temas como el derecho de libre asociación y muchos otros), y el hecho de que estas plataformas no son de esta región, generan muchas preguntas sobre su capacidad para moldear nuestro futuro. Los temas de jurisdicción, de responsabilidad y de rendimiento de cuentas de estos gigantes del siglo XXI serán temas también en la agenda.

La tendencia a controlar contenidos justificados por difamación, derecho a la imagen, protección excesiva del derecho de autor, decisiones judiciales conocidas como “derecho al olvido”, y similares deben seguir siendo problematizadas para que no sirvan a intereses indebidos. Por ejemplo, en 2018 deberiamos poner especial atención en las soluciones que venden algunos privados para manejo de la reputación. Su empleo por políticos y figuras públicas suponen el uso de controles informales sobre internet que pueden afectar las instituciones democráticas y, en especial, el ejercicio del derecho al acceso a la información pública y el derecho a la memoria.

Sin duda los retos en 2018 son importantes y analizar la forma como podemos enfrentarlos será un reto por si mismo. Por ahora, hacer seguimiento al proceso electoral en Colombia y en otros lugares de la región será el primer paso. ¡Feliz 2018!


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Maria Jose Toledo5 enero, 20184min870

Hoy en día es más importante que nunca obtener una educación universitaria. Sin embargo es ahora más difícil para algunos californianos ingresar en clases universitarias.

En la Asamblea Estatal estamos tratando de ayudarles.

Estar a cargo de esta lucha es una ironía para mí. Como Presidente de la Asamblea soy  miembro de la Junta de Rectores de los sistemas de la Universidad de California y de California State University.

Pero cuando me gradué de la preparatoria, no tenía las notas para ser admitido por ninguna de las mejores  universidades. Cuando finalmente empecé mi educación superior lo hice a través de colegios comunitarios.

Esa fue una excelente ruta para mí. Sin embargo, hoy por hoy, incluso muchos exalumnos de Universidades en Berkeley o UCLA dicen que les sería muy difícil ser admitidos en las mismas escuelas.

La tasa de admisión para residentes de California es de solo el 14.6 por ciento en UCLA y el 19.7 en Berkeley.

Solicitudes de admisión han aumentado un 6 por ciento a través del sistema de UC debido a números record de estudiantes graduados de la preparatoria.

La demanda es un tribute a la calidad de la educación disponible en estas universidades. Sin embargo es triste que no podemos ofrecer  esta oportunidad a todos los jóvenes californianos.

Este aumento en la población es un reto para sistemas universitarios cuya capacidad ya fue dramáticamente limitada a causa de la recesión hace una década. Es un vacío difícil de llenar.

A pesar de esto, la Asamblea está comprometida a crear más oportunidades. En los últimos tres años hemos asegurado que UC y CSU admiten 25,000 más estudiantes en sus primeros cuatro años y que existan los recursos necesarios para servirles.

Y nuestra labor no termina ahí. Estamos trabajando con el sistema de UC para admitir entre 1,500 y 2,000 estudiantes adicionales en el próximo año académico.

También necesitamos asegurarnos que estudiantes puedan financiar sus estudios universitarios, especialmente cuando encuestas muestran que casi 20 por ciento de los  estudiantes universitarios no tienen medios para tener suficientes alimentos.

Hemos trabajado para aliviar este problema a través de más becas, hemos aprobado leyes para la eventual eliminación de matrículas para muchos estudiantes en colegios comunitarios, ayuda con viviendas a bajo costo y establecer programas para ayudar a estudiantes de bajos ingresos.

La Asamblea continuara con su trabajo para alcanzar estas metas en el año que entra.  Renovaremos nuestros esfuerzos a para crear más espacios en nuestras universidades y que existan los recursos necesarios para proveer a estudiantes los servicios que más necesitan.


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Maria Jose Toledo5 enero, 20184min860

Para que algo exista en la conciencia colectiva hay que poder nombrarlo. Poner nombre a lo que ocurre y no se ve o no se quiere ver es lo que ha hecho la filósofa Adela Cortina con una realidad que está ahí pero preferimos ignorar: el miedo, la aversión y el rechazo a los pobres. Lo ha denominado aporofobia, un fenómeno que está en el origen de las corrientes de xenofobia y racismo que se extienden por el acomodado mundo occidental. Adela Cortina acuñó este concepto a partir de los términos grietos griego áporos (sin recursos) y fobos (temor, pánico) y lo ha utilizado en trabajos académicos y artículos, hasta imponerlo, pese a las reticencias de los editores a las palabras extrañas, como título de su último libro: Aporofobia, el rechazo al pobre(Paidós, 2017).

El esfuerzo ha tenido recompensa. Hace unas semanas el neologismo fue incorporado al Diccionario de la lengua española y la Fundación del Español Urgente lo ha declarado la palabra del año de 2017, como en años anteriores fueron populismo, refugiado, selfi y escrache. En la palabra aporofobia Fundéu ha encontrado no solo un término muy significativo, sino una rara avis lingüística: “una voz con autor conocido y fecha de nacimiento”.

La aporofobia, como señala Adela Cortina, es lo que alimenta el rechazo a inmigrantes y refugiados. No se les rechaza por extranjeros, sino por pobres. Nadie pone reparos a que un jeque árabe se instale en un país europeo, ni a facilitar la residencia a un futbolista famoso. Los yates atracan sin problemas en la costa rica del Mediterráneo mientras las pateras se hunden tratando de alcanzarlas. A Trump no se le ha ocurrido poner un muro en el norte, en la frontera con Canadá, sino en el sur, en la frontera con México.

El odio al pobre se expresa también con los excluidos del propio país. Según el Observatorio Hatento, una iniciativa de las entidades sociales para denunciar agresiones a las personas sin techo, el 47% de quienes viven en la calle han sido víctimas de delitos de odio. Por su situación de exclusión, son también los más indefensos. La recesión económica ha exacerbado el miedo a la pobreza porque nos ha hecho ver que todos somos vulnerables. Que el mejor empleado de la empresa más segura puede quedarse de repente en la calle sin medios de subsistencia.

Pero para que el miedo se convierta en rechazo es preciso un proceso mental que anule la compasión y la empatía. Ese proceso lo proporciona la ideología y se activa cuando señala a los pobres como culpables de su pobreza. Cuando afirma que la pobreza no es fruto de unas condiciones estructurales que dejan a muchos en la cuneta, sino el resultado de una indolencia, un error individual o una culpa personal. En esa ideología, los pobres son percibidos como una amenaza. Culpabilizarlos anula la empatía y permite que se le ignore y hasta se les persiga. Y todo eso ocurre en un momento de fuerte aumento de las desigualdades.



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