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Mayra Soria19 enero, 20183min1410

Fernando Villavicencio llegó esta mañana a la Fiscalía de Pichincha para rendir versión dentro de la investigación previa por el delito de peculado que se abrió el martes último en contra del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, por supuestos cobros irregulares cuando él presidió la denominada Comisión 30-S.

El activista político rinde su versión libre y sin juramento ante el despacho de la fiscal subrogante Thania Moreno. A su llegada a la Fiscalía explicó que en el acto urgente que presentó a Moreno el lunes último, junto al exasambleísta Andrés Páez, anexó más de 400 fojas con el informe de Contraloría, que revelarían la existencia de no solo un delito

Villavicencio adelantó que solicitará a la fiscal Moreno la realización de una serie de diligencias, entre ellas, que se tome la declaración del excontralor subrogante Daniel Fernández de Córdova, para que hable sobre el informe que firmó en este caso, además de Tania Bravo, exfuncionaria de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

También pedirá un examen grafológico de las firmas de Baca y los dos otros integrantes de la Comision 30-S, Óscar Bonilla y Diego Guzmán; un peritaje a un video que se hace referencia en el expediente entregado como anexo, porque Baca habría solicitado, como presidente de la Comisión 30-S, gastos especiales a la Senain para editar un video del apresamiento de militares que participaron en la revuelta del 30-S.

Pese a no ser convocado por Fiscalía, Páez también llegó al despacho de la fiscal Moreno para entregarle datos contenidos en el anexo ya entregado el lunes pasado, que hablarían de que la Senain realizó seguimientos e intercepciones telefónicas a exfuncionarios públicos, periodístas, entre otros.

Exasambleísta Andrés Páez ingresó a la Fiscalía de Pichincha para entregar nueva información de supuestas irregularidades en la Senain. Indicó que hay evidencia de seguimientos y pinchazos telefónicos a funcionarios como Carlos Pareja Yannuzzelli.

Redacción El Universo


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Maria Jose Toledo18 enero, 20186min1220

La Comisión de Mesa del Municipio resolvió la tarde de hoy, jueves 18 de enero del 2018, no admitir la petición de remoción del alcalde Mauricio Rodas, presentada por un grupo de organizaciones sociales.

Entre las razones que argumentó el organismo están que la denuncia cita normas ya derogadas y que la documentación es incompleta para el pedido. Además, se concluyó que los denunciantes dirigieron su documento a la autoridad equivocada.

La denuncia está dirigida a los miembros del Concejo Metropolitano, pero debió haber sido enviada al vicealcalde Eduardo del Pozo.

La norma que invalidó este proceso fue derogada en el 2014 y trataba sobre incumplimientos sin causa justificada de leyes y resoluciones adoptadas por gobiernos seccionales. Actualmente, existe otra norma que no está considerada en la denuncia.

Del Pozo, como presidente de la Comisión para el tratamiento de este tema, dijo que se analizó de forma jurídica la denuncia y que si bien no cumple con los requisitos legales, es un llamado de atención al Alcalde desde la ciudadanía, que está mostrando inconformidad. Por eso consideró que es una alerta para Rodas, para que haga rectificaciones en el manejo de la ciudad.

El concejal Pedro Freire (Vive), parte de la Comisión, dijo que se atendió este pedido apegándose a la ley y poniendo atención a las demandas ciudadanas. Resaltó que se ha respetado el debido proceso y ha habido apego a la Constitución, más allá de la política.

La Comisión ha tratado con buen ánimo el documento a pesar de que el haber remitido la denuncia al destinatario equivocado era una violación a norma constitucional, dijo el edil Eddy Sánchez. Resaltó el que se ha hecho un proceso profundo para llegar a conclusiones legales sustentadas.

Si bien la denuncia fue inadmitida y el trámite queda cerrado, este grupo o cualquier otro puede presentar otras denuncias por similares o nuevas causales. Pero deben remitirse a las autoridades competentes, en el marco de lo que manda el Cootad y la Constitución de la República.

Para llegar a esta resolución, la Comisión de Mesa mantuvo una reunión reservada que duró alrededor de cinco horas y en ella participaron los ediles que forman parte de la Comisión, sus asesores y la Procuraduría del Cabildo.

En la mañana, el colectivo que pide la remoción del Alcalde presentó una denuncia en contra del vicealcalde Eduardo del Pozo por haber convocado a esta sesión sin haber logrado que el Concejo Metropolitano designada a un representante que sustituya Rodas en la Comisión de Mesa.

Esta denuncia fue presentada por Felipe Ogaz, representante de los colectivos sociales, ante el Tribunal Contencioso Electoral.

Al respecto, Del Pozo y Freire dijeron que la Comisión actuó dentro de lo legal, tomando en cuenta que esta tiene cuatro miembros y tuvo quórum al contar con tres miembros presentes. Además, el Vicealcalde mencionó que la necesidad de tener un cuarto miembro es requisito cuando una denuncia es admitida en la Comisión de Mesa y eso no ocurrió.

La sesión del Concejo en la que debía designarse un nuevo representante para reemplazar a Rodas en este proceso fue clausurada por falta de quórum. Del Pozo convocó a la Comisión de Mesa enseguida, tomando en cuenta que el Cootad da a este organismo un término de cinco días hábiles para tratarlo y no era posible llamar nuevamente al Concejo, por lo apretado del tiempo.

Redacción: El Comercio


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Maria Jose Toledo17 enero, 20183min1400

La investigación abierta por la fiscal Thania Moreno contra el Fiscal General no tiene sustento ni legal ni técnico, dijo este mediodía Carlos Baca Mancheno, quien es el funcionario que preside la Fiscalía General del Estado.

Para Baca Mancheno esa investigación respondería al ‘cumplimiento de órdenes de oscuros intereses’. Lo dijo al presentar una serie de documentos de la Contraloría General del Estado en la que se certifica tanto a él como a la Asamblea de que no existen responsabilidades ni civil, ni penal o glosas en su contra.

El fiscal general Baca Mancheno denunció que la supuesta información que lo involucra en indicios de responsabilidad penal sería forjado porque su numeración no corresponde con la base de documentos de la Contraloría General del Estado.

Ayer, la fiscal subrogante Thania Moreno dispuso el inicio de indagación previa contra Carlos Baca Mancheno, actual Fiscal del Estado y expresidente de la Comisión 30S, tras denuncia por supuesto peculado presentada por Fernando Villavicencio y el exasambleísta Andrés Páez.

Páez y Villavicencio entregaron el pasado 4 de enero más de 200 documentos a la fiscal subrogante, tras cuatro horas de versión libre, dentro de una indagación previa por el supuesto delito de asociación ilícita.

El lunes último solicitaron a Moreno que emita un acto urgente para que inicie la investigación por el contenido del informe de la Contraloría General del Estado en contra de Baca, y que fue presentado en noviembre de 2016 a la Fiscalía General, en el que se revelarían los supuestos cobros irregulares cuando el ahora fiscal presidía la denominada Comisión 30-S, designada por el expresidente Rafael Correa para investigar los hechos ocurridos en la revuelta policial del 30 de septiembre del 2010.

Redacción: El Universo


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Mayra Soria17 enero, 20184min1070

Corea del Sur ha confirmado que las dos Coreas han acordado formar su primer equipo olímpico conjunto y hacer que sus atletas marchen juntos durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo mes en el sur.

El Ministerio de Unificación de Seúl ha anunciado que las Coreas han alcanzado un acuerdo durante las conversaciones del miércoles en la aldea fronteriza de Panmunjom.

Corea del Norte ha afirmado que planea enviar un equipo de animadoras formado por 230 miembros

Los atletas de las dos Coreas marcharán juntos bajo una “bandera de unificación” que representa la península coreana durante la ceremonia de apertura y formarán un equipo femenino de hockey sobre hielo. Las medidas requieren la aprobación del Comité Olímpico Internacional, que será consultado este fin de semana.

Este mismo miércoles, los equipos negociadores también hablaron sobre celebrar un potencial evento cultural conjunto en un complejo del Monte Geumgang y sobre el uso de la estación de esquí Masikryong en la costa este de Corea del Norte, según un comunicado del Ministerio de Unificación de Corea del Sur.

Corea del Norte ha afirmado que planea enviar un equipo de animadoras formado por 230 miembros, y ofreció utilizar una ruta terrestre para la delegación que también incluirá a atletas, oficiales, músicos y reporteros, según el ministerio. Corea del Sur aún no ha respondido a estas solicitudes. Las dos partes también discutieron temas como la participación de Corea del Norte en los Juegos Paralímpicos.

Las partes aún tienen que decidir quién representará a Kim Jong Un en los Juegos que se celebrarán en la estación de esquí de Pyeongchang a partir del próximo 9 de febrero. La semana pasada acordaron permitir que una orquesta de 140 miembros de Corea del Norte ofreciera conciertos en Seúl y Gangneung, una ciudad de vacaciones cerca de Pyeongchang.

En la reunión del COI en Suiza prevista para el fin de semana, los funcionarios decidirán sobre asuntos como el número y nombres de atletas norcoreanos y oficiales olímpicos, dijo el comité en un comunicado la semana pasada.

En una señal de que los Juegos Olímpicos podrían ser solo un corte temporal de las amenazas de Pyongyang y su impulso para desarrollar armas nucleares capaces de golpear a los Estados Unidos, un periódico estatal norcoreano instó hoy a Corea del Sur a suspender sus ejercicios militares con EE. UU.

Redacción La Vanguardia


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Maria Jose Toledo16 enero, 20183min1300

“He dicho la verdad. Ocurre que quienes han estado acostumbrados a estas prácticas de autoritarismo y de tratar de callar a la ciudadanía, les da miedo la valentía que tienen las mujeres ecuatorianas”, de esta manera se defendió la legisladora (PSC) Cristina Reyes de la sanción impuesta la semana pasada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

La asambelísta dijo que acudirá al Complejo Judicial Norte en Quito para presentar una acción protección. Ella considera que no solo se le ha violentado sus derechos constitucionales sino también su inmunidad parlamentaria y libertad de opinión. 

Cristina Reyes fue acusada por Norma Vallejo, asambleísta del ala morenista de AP, por haber tildado al CAL como “Consejo de Alcahuetería Legislativa”, en un programa de televisión y en sus cuentas de redes sociales.

“Tanto le molesta a José Serrano que se le diga ‘alcahuete’; es una palabra muy utilizada en el argot popular, yo no he insultado a nadie”, puntualizó la legisladora en Ecuavisa. 

Posteriormente, el pasado jueves fue sancionada con la suspensión por diez días para ejercer su cargo y recibir remuneración. Ana Galarza (CREO) y Augusto Espinosa (AP-correísta) también fueron castigados. 

La queja contra Galarza la presentó Carlos Bergman (AP-morenista), por afirmar en redes sociales que el CAL se abrogó funciones al bloquear el juicio político contra Glas. Mientras que la de Espinosa, se debe a la queja presentada por Dayllana Passailaigue (PSC), en septiembre de 2017, cuando se debatió el proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. 

Reyes, quien se declaró en “resistencia”, agradeció las muestras de solidaridad de legisladores de diferentes bancadas. Sin embargo, recalcó que segurirá asistiendo a todas las comisiones y sesiones en la Asamblea Nacional. “Seguiré cumpliendo el mandato que me han dado en las urnas”, dijo.

Redacción: El Universo


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Maria Jose Toledo15 enero, 20185min1550

Implementar una nueva normativa para las encuestadoras en la elaboración y difusión de los pronósticos de la consulta popular y referéndum del 4 de febrero próximo analiza el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El miércoles pasado, los vocales electorales revisaron una propuesta de reforma al reglamento sobre ‘Personas naturales o jurídicas que realicen pronósticos electorales’.

No la aprobaron porque el documento elaborado por el área jurídica les pareció ‘escueto’, y el documento final se aprobaría en esta semana.

Entre las propuestas consta que la encuesta debe tener la firma de todos quienes participaron en su elaboración. Además, una disposición general para que el CNE “pueda iniciar acciones legales” si considera que se infringieron sus reglas.

Las empresas y los medios de comunicación deberían especificar que los muestreos son “información no oficial”.

A esto, los consejeros hicieron ciertas observaciones. La vicepresidenta Ana Marcela Paredes consideró que los medios y los actores políticos deberían suscribir un “pacto ético”, y que el CNE determine cómo se entrega la información.

Aclaró que no se trata de poner obstáculos, pero que debido a una “mala experiencia” en los comicios generales del 2017, se debe “reflexionar qué medidas tomar” para evitar que la información genere un caos.

La vocal Luz Haro pidió que se precise el porcentaje de error del sondeo, que a su criterio “no debería pasar del 3%”.

La presidenta, Nubia Villacís, sugirió que las encuestadoras presenten una “muestra estratificada”.

El consejero Mauricio Tayupanta pidió tomar en cuenta las recomendaciones que hizo la misión electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en su informe final sobre la elección presidencial del 2017 y, refiriéndose a las empresas de sondeos, subrayó que “la batuta” en la divulgación de los resultados “deberíamos tenerlo nosotros y no ellos”.

En febrero pasado, la OEA cuestionó que la difusión de encuestas propició una “guerra de resultados”, pues los entonces candidatos Lenín Moreno y Guillermo Lasso se “autoproclamaron ganadores” antes de los resultados oficiales.

El consejero Paúl Salazar dijo que ante la divulgación de estos datos “deberíamos blindarnos como institución para que las encuestadoras tengan la responsabilidad de hacer un estudio técnico sin consideraciones políticas”. Recordó que por esto en las presidenciales del año anterior pudo haber “hasta heridos”. El objetivo no es “coartar un derecho de informarse de varias fuentes”, pero sí de manera responsable, técnica, sin sesgos políticos.

Polibio Córdova, director de Cedatos, indicó que esperará a que el CNE apruebe la normativa para analizar su participación en esta consulta popular. Recordó que en el 2017, a las 16:30, el CNE le solicitó a la firma la entrega de sus resultados y resaltó que tuvo el 99,5% de precisión.

Redacción: El Universo


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Ma. Eugenia Logroño15 enero, 20183min1500

El alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot Saadi, solicitó el sábado, 13 de enero del 2018, la salida de la funcionaria del Ministerio de Cultura que dispuso el traslado de 26 obras que estaban en el MAAC de Guayaquil a Quito porque “Guayaquil no es un lugar donde la gente se involucre en los procesos culturales”.

Nebot dijo a través de su cuenta Twitter que “verificado el asunto, rechazo y condeno las expresiones de la funcionaria del Ministerio de Cultura que insultan a los ciudadanos de Guayaquil.

“Quienes no se involucran con los procesos culturales son quienes como ella, tienen el museo del MAAC en situación deplorable, como puede verificar en cualquier momento la prensa”.

El Alcalde pidió que la funcionaria explique si el retiro de las obras fue para una exposición o pretende que sea permanente.

El Ministerio de Cultura y Patrimonio, en cambio, dijo en un comunicado que busca reconocer, promover y valorar el arte y la cultura histórica, generados desde Guayaquil, y lamenta “la tergiversación por parte de un medio de comunicación de las declaraciones realizadas por una funcionaria de esta Cartera de Estado, quien se refirió exclusivamente a la gestión del Museo Antropológico de Arte Contemporáneo (MAAC ) y no al comportamiento cultural en la ciudad”.

Indicó que dentro del proceso de traslado de bienes que formarán parte de la exhibición del Museo Nacional se solicitaron 11 bienes que están bajo custodia del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo en Guayaquil y 26 bienes al Museo Pumapungo de Cuenca, que forman parte de la Colección Nacional compuesta por más de 650 mil bienes, en sus diferentes repositorios.

De las obras solicitadas al MAAC, 15 son bienes devueltos a la reserva de Quito, que habían sido prestadas tiempo atrás a Guayaquil para varias exposiciones. “El préstamo y devolución de obras es un ejercicio cotidiano que los museos realizan como parte de la política de circulación de bienes, desarrollo de exposiciones y procesos de investigación. No se puede entender un museo sin una política de circulación y acceso de sus colecciones”.

Redacción El Comercio


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Ma. Eugenia Logroño14 enero, 20183min1190

Dos extrabajadores de Petroecuador, que exigían el pago de haberes laborales, fallecieron el 17 y 19 de diciembre pasado. La cifra de decesos sube a 21 entre los reclamantes, mientras sus familiares claman justicia.

Johny Granda (74) y Hólger Cordero (53) integraban la Asociación de Extrabajadores de Petrocomercial que batalla desde el 24 de septiembre de 2007 por el pago de una contribución por separación voluntaria contemplada en sus contratos colectivos. Esta bonificación ascendería a $ 27 millones y podría aumentar por los intereses, dijo Luis Luzcando, presidente de la Asociación de Jubilados de Petrocomercial y representante de los extrabajadores de Petroecuador, en una publicación de este Diario del 19 de noviembre pasado.

“Mi padre hubiese llevado una mejor atención con ese dinero (…), los paramédicos informaron que le dio un infarto cerebral. Él tenía que hacerse diálisis”, dijo Karina Almendáriz, hija de crianza de Granda.

Un oficio firmado el 24 de septiembre de 2007 por el entonces presidente de la petrolera estatal, Carlos Pareja Yannuzzelli, dejó sin efecto el pago de la contribución.

Pareja, quien también fue ministro de Hidrocarburos, cumple dos sentencias por cohecho y por asociación ilícita en el caso Petroecuador.

Los extrabajadores se apoyan en una resolución del 2009 de la Corte Constitucional que dejó sin efecto el oficio de Pareja sobre la supresión del pago, por considerar que viola la Constitución y “les causa daño inminente, grave y amenaza con seguir causándolo en razón de que (…) no cuentan con una fuente de ingresos para su subsistencia”.

Antecedente
Los 260 empleados decidieron separarse de forma voluntaria, entre finales de 2007 e inicios de 2008, antes de las reformas que regularon las indemnizaciones laborales; 40 ganaron en las cortes.

Redacción El Universo


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Ma. Eugenia Logroño13 enero, 20182min1060

La Tercera Convención Nacional de la Izquierda Democrática (ID), que se realizó este sábado en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura (CCE), decidió apoyar la Consulta Popular y Referéndum que impulsa el Gobierno y que se realizará el próximo 4 de febrero.

En la cita hubo la presencia de delegaciones de las 24 provincias y asistieron dirigentes históricos como Andrés Vallejo o el exalcalde de Quito, Paco Moncayo.

Wilma Andrade, asambleísta y presidenta del partido naranja, al terminar el evento pidió a sus militantes votar siete veces Sí, pues aseguró que en el marco del Diálogo Nacional plantearon eliminar lo que llamó sistema concentrador de poder del Gobierno anterior.

“Hemos tenido la nefasta participación de un vicepresidente corrupto, que ahora mismo se encuentra sentenciado por actos de corrupción”, señaló.

A lo largo del evento hubo gritos de “sí, sí, sí, siete veces sí”, y pancartas con frases de respaldo a la Consulta Popular.

La ID firmó, además, acuerdos políticos para postular candidatos en las elecciones seccionales de 2018.

Decidió aliarce con el movimiento Nación, del exintegrante de Avanza, John Argudo; con el movimiento provincial de Pichincha, Vive, de Mario Granda; y Todos, del concejal de Quito Sergio Garnica.

Redacción El Universo


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Ma. Eugenia Logroño13 enero, 20186min1050

La estructura interna de la Vicepresidencia de la República se modificó en los últimos siete meses. De 210 funcionarios que tenía en mayo pasado, al inicio del período de Gobierno, ahora cuenta con 147.

La reducción del personal inició en agosto, después de que Moreno le retirara las funciones al exvicepresidente Jorge Glas. Él presidía el Consejo Sectorial de la Producción, el Comité de Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el terremoto, y el Consejo Consultivo Productivo y Tributario.

Para septiembre, 27 personas habían salido, y en octubre dejaron la entidad otras 65. Además, se eliminaron 28 vacantes.

Esa depuración institucional de la Vicepresidencia fue dispuesta por el Ministerio del Trabajo en octubre del 2017.

Esto fue luego de que Glas fuera detenido para cumplir prisión preventiva, por las investigaciones de la Fiscalía en torno al caso Odebrecht, y un día antes de que Vicuña reciba el encargo de la entidad.

El proceso se enmarcó en la política de austeridad dispuesta por el presidente Lenín Moreno, en septiembre. Y, a finales de ese mismo mes, se presentó el informe técnico del análisis de la estructura y unidades de la Vicepresidencia.

El 5 de octubre, la Segunda Mandataria -para entonces encargada- emitió un acuerdo para implementar el nuevo modelo de gestión de la institución. Su función era dar seguimiento al proceso de consulta popular y referendo.

Con base a eso se iniciaron las contrataciones para que Vicuña ejerciera el cargo. El nuevo secretario general de la Vicepresidencia, Juan Carlos Almeida, fue el encargado de integrar a los asesores y gestores de gobierno que requeriría la máxima autoridad.

Al cierre de diciembre, Vicuña contaba con 17 asesores y ocho gestores de gobierno, la misma cifra con la que inició sus funciones su predecesor.

“Antes la Vicepresidencia contaba con subsecretarías, coordinaciones y varias direcciones más. Actualmente, nosotros contamos solo con cuatro direcciones, Auditoría Interna, la Secretaría General y la Vicepresidencia (despacho)”, explicó la directora de Administración y Talento Humano, Priscila Villalba.

Y, desde el seis de enero, tras la ausencia definitiva de Glas, Vicuña fue designada vicepresidenta para lo que resta del período de gobierno. Este Diario solicitó una entrevista con la Vicepresidenta la semana pasada, pero aún se gestiona.

El lunes de esta semana, 8 de enero, ella tuvo un evento de bienvenida, en su nueva oficina. El personal de seguridad la recibió formalmente como la nueva autoridad de la institución.

Ahí, la Vicepresidenta se dirigió al personal y les comentó que la situación no cambiaría, que la reestructuración masiva ya había concluido.

Sin embargo, hay expectativa sobre las funciones que podría asignarle el Primer Mandatario, ya que la consulta popular y el referendo se llevarán a cabo el próximo 4 de febrero. Es decir, en 23 días.

El mismo secretario de Gestión de la Política y consejero presidencial, Miguel Carvajal, ratificó que el presidente Moreno deberá definir cuáles serán las funciones definitivas que otorgará a su nueva compañera de trabajo.

A su criterio, Vicuña debería permanecer en el área social, ya que antes se desempeñó como ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda y estuvo a cargo del plan Casa para todos. Por lo que considera que, con su experiencia en el área y por su desempeño, debería continuar en esa línea.

Entre enero y agosto del año pasado, la Vicepresidencia invirtió USD 2,8 millones en gastos de personal. Esto incluye salarios, honorarios, horas extraordinarias, encargos, servicios personales por contrato, entre otros pagos de ley.

Según lo asignado en la Ejecución Presupuestaria, ese monto debía alcanzar los USD 5,8 millones hasta final de año. Pero la reducción del personal disminuirá este rubro. En bienes y consumos de servicio, el gasto hasta julio alcanzaba los USD 571 055. Y hasta diciembre debía alcanzar 3 millones.

Los gastos actualizados no se conocen, las cédulas presupuestarias de los últimos tres meses no son accesibles en la página web de la institución. El presupuesto general de la institución depende de sus funciones y competencias.

Redacción El Comercio



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