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Maria Jose Toledo10 enero, 20182min1350

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó oficialmente que investigará una denuncia en contra del Estado ecuatoriano por la desaparición de David Romo.

La notificación la recibió el miércoles, 10 de enero del 2018, la madre del joven, Alexandra Córdova. A través de un documento la CIDH detalló que el caso se ha registrado bajo el número P-1629-17 Ecuador y que se encuentra bajo un estudio preliminar. También indica que al finalizar esta fase de indagación se dará a conocer los resultados, pero no señala el tiempo que esto tomará.

La respuesta a la denuncia se da luego de cinco meses de que la familia del universitario presentara el recurso internacional. Actualmente, los representantes legales del caso son Juan Pablo Albán y la Universidad San Francisco de Quito.

Según la madre del joven, la iniciativa de esta denuncia internacional se dio porque no ha tenido respuestas por parte del Estado en el caso.

La desaparición de David Romo se investiga en Ecuador desde el 2013, año que el joven se perdió. Primero se indagó bajo la figura de desaparición, pero en noviembre pasado eso cambió. Ahora se investiga bajo un posible asesinato. Cinco personas están detenidas y a finales de este mes se termina la instrucción fiscal del caso.


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Ma. Eugenia Logroño10 enero, 20187min1050

El presidente de EE.UU., Donald Trump, abrió la puerta a negociar una reforma migratoria que afronte la situación de los 11 millones de indocumentados en el país, siempre que primero se apruebe una solución para los llamados “soñadores” y otras medidas, como la concesión de fondos para el muro con México.

En una reunión, el martes 9 de enero, con legisladores en la Casa Blanca que los medios de comunicación pudieron observar durante casi una hora, Trump respaldó una reforma migratoria en dos fases, con una primera ley centrada en cuatro prioridades suyas y una segunda, más amplia, destinada a arreglar otros problemas del sistema de inmigración.

“La (reforma migratoria) integral será la fase dos. Aprobaremos esto y después nos meteremos con la (reforma) integral al día siguiente”, afirmó Trump.

“Yo asumo la carga (política), no me importa”, añadió.

Trump respondió así a un envite que le hizo el senador republicano Lindsey Graham, quien le pidió aprovechar la “oportunidad” de ir más allá de la solución para los miles de jóvenes indocumentados apodados “soñadores” y abrir una vía a la ciudadanía para todos los que se encuentran ilegalmente en el país.

Pero Trump no aclaró si apoya una vía a la ciudadanía para esos 11 millones de indocumentados, algo que podría suponerle un problema con su base electoral, que aplaudió su discurso antiinmigrante en la campaña electoral de 2016 y considera que regularizar la situación de esos inmigrantes sería una “amnistía”.

La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, evitó arrojar luz sobre la postura de Trump durante su conferencia de prensa diaria, al asegurar que ese tema no se está negociando aún y que ya habrá “anuncios” al respecto cuando llegue el momento.

Según Sanders, en la reunión del martes, a la que asistieron unos 25 legisladores de ambos partidos, se alcanzó “un acuerdo para negociar legislación” que supondría la primera fase de la reforma migratoria.

Las cuatro áreas del proyecto

Ese primer proyecto de ley se centrará en cuatro áreas: un reemplazo al programa DACA para los “soñadores”, medidas de “seguridad fronteriza”, afrontar la “migración en cadena” que permite a ciertos inmigrantes facilitar la entrada en EE.UU. de sus familiares, y acabar con la “lotería de visados”, indicó Sanders.

Trump anunció en septiembre pasado el fin del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) promulgado por Barack Obama en 2012, que protegía de la deportación a unos 690.000 jóvenes que llegaron al país de niños, conocidos como “soñadores”.

Los permisos que amparaban a muchos de esos jóvenes han ido caducando desde septiembre, y el resto de ellos quedarán expuestos a la deportación si el Congreso no aprueba una solución permanente que reemplace DACA antes del 5 de marzo, la fecha límite que dio Trump al cancelar el programa de Obama.

La oposición demócrata quiere aprobar cuanto antes una ley que proteja de la deportación a los “soñadores”, y ha vinculado ese tema a las negociaciones para aprobar un presupuesto para el Gobierno federal, que deben concluir antes del 19 de enero.

Pero Trump ha condicionado cualquier reemplazo de DACA a una serie de exigencias, entre ellas la aprobación de fondos para el muro en la frontera con México y la eliminación de la llamada “lotería de visados” que beneficia anualmente a ciudadanos de países con una baja tasa de inmigrantes a Estados Unidos.

Trump insistió en que la medida sobre DACA debe incluir “seguridad fronteriza”, y que para él, eso es sinónimo de fondos para la construcción del muro con México, para el que la Casa Blanca ya ha exigido 18.000 millones de dólares a lo largo de una década.

“Me encantaría no construir el muro, pero necesitamos el muro”, indicó el presidente.

Eso dificulta la negociación, ya que financiar el muro es inaceptable para la oposición demócrata, que dejó claro que su único objetivo sigue siendo reemplazar DACA. “(En la reunión) los republicanos expusieron sus cuatro prioridades (las mencionadas por Sanders) y los demócratas identificamos la nuestra: el Dream Act”, un proyecto de ley que regularizaría la situación de los “soñadores”, dijo en un comunicado el senador demócrata Dick Durbin, que asistió a la cita.

Durbin dijo que es necesario alcanzar un acuerdo antes del 19 de enero, aunque la Casa Blanca no ha querido comprometerse con ningún plazo concreto para la negociación.

El inédito acceso que los medios de comunicación tuvieron a la negociación entre Trump y los legisladores, de casi una hora, forma parte, según varios medios, de una estrategia de la Casa Blanca para aparcar las especulaciones sobre la estabilidad mental del presidente.

Redacción El Expreso


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Maria Jose Toledo9 enero, 20182min2170

“Yo no descarto la posibilidad de que el expresidente Rafael Correa pueda ser llamado a declarar en cualquier investigación o en varias investigaciones”, dijo el fiscal Carlos Baca la mañana de este martes, 9 de enero del 2018.

Al ser cuestionado sobre si es pertinente que el exmandatario rinda su versión en los casos de corrupción que se indagan en la Fiscalía, Baca dijo que se lo hará si es necesario.

“Nosotros seguiremos actuando de manera técnica, responsable, profesional y sobre todo la Fiscalía no se va a prestar para construir carreras políticas de nadie” . Y agregó que “si se lo tiene que llamar a declarar, se lo tendrá que llamar. Si no se lo tiene que hacer no se lo hará”, dijo.

Justamente, ayer lunes los integrantes del movimiento Unidad Popular (UP) presentaron dos escritos en la Fiscalia General en los que piden medidas cautelares contra Correa, quien se encuentra en el país haciendo campaña por el No en la Consulta.

La UP también solicitó que se lo llame a rendir versión sobre la negociación con Petrochina y en los casos Odebrecht, Petroecuador y el manejo de la deuda externa. 


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Maria Jose Toledo9 enero, 20182min870

La veeduría ciudadana que se haga al desarrollo del examen especial a la deuda pública no será vinculante u obligatorio de acogerse. Así lo indicó personal técnico de la entidad este martes, 9 de enero del 2018.

Según los funcionarios, la veeduría, integrada por expertos en el área económica y jurídica, fue compuesta con el fin de que exista una participación ciudadana en este examen.

Sin embargo, los resultados que ellos obtengan de su tarea como veedores no se incluirá en ningún informe de la Contraloría. De hecho, no se ha especificado que la veeduría tenga que realizar ningún informe final.

La Contraloría señala que el examen que realizarán será légitimo y exclusivo de la entidad.

Pero señala que el contralor General subrogante, Pablo Celi, sí tiene las atribuciones legales para la formación de este organismo. Esto se especifica en el acuerdo 024-CG-2017 de la Contraloría General del Estado que fue emitido el 31 de julio del 2017.

En ese documento, el contralor Celi dispone la conformación de un equipo de trabajo para la realización de un examen especial a la deuda pública.

En ese acuerdo se detalla, entre otras cosas, la conformación de una veeduría y se indica que a “efectos de que la ciudadanía pueda conocer el desarrollo y resultados del examen”, se invita a profesionales para que la conformen. Además se señala que esta veeduría se la conforma “dada la trascendencia que para finanzas públicas tiene el tema de la deuda interna y externa”. 


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Maria Jose Toledo9 enero, 20182min970

El fiscal Carlos Baca anunció la mañana de este martes, 9 de enero del 2018, que en esta semana se creará una Unidad de Delincuencia Organizada. Esta será una división de la Fiscalía con competencia nacional y enfocada en el combate de los delitos transnacionales como narcotráfico o trata de personas.

Según Baca, esta Unidad estará dirigida por el fiscal Wilson Toainga y contará con otros fiscales, seleccionados a través de sus méritos y luego de que superen pruebas de confianza.

Esta unidad es parte de una reforma de la Fiscalía. También se fortalecerá con expertos en áreas como petróleos, finanzas, etc.

Estos expertos ayudarán a despachar 56 casos calificados como emblemáticos por su delicadeza y el nivel de conmoción social.

Entre estos casos emblemáticos están expedientes relacionados con Petrochina, Petrotailandia y Odebrecht.

También, el Fiscal habló sobre el proyecto de ley de Extinción de Dominio con el que busca confiscar fortunas producto de la corrupción y del crimen organizado.


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Maria Jose Toledo9 enero, 20182min960

El gobierno de Ecuador considera pedir una “mediación” para lograr un arreglo definitivo con el Reino Unido ante la “insostenible” situación de Julian Assange, asilado desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres.

“Estamos considerando también y explorando la posibilidad de una mediación (…) Puede ser un tercer país o una personalidad”, anunció este martes 9 de enero de 2017 la canciller María Fernanda Espinosa.

“Ninguna solución se logrará sin la cooperación internacional y sin la cooperación del Reino Unido, que además se ha mostrado interesado en buscar una salida”, agregó sin dar más detalles, durante un desayuno con corresponsales extranjeros.

Es la primera vez que Ecuador plantea una mediación para resolver el caso, en el que también están implicados Estados Unidos y Suecia.

El fundador de WikiLeaks está refugiado desde 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres para evitar ser extraditado a Suecia por supuestos delitos sexuales, cargos que él niega.

La fiscalía sueca archivó la investigación, pero Assange teme ser arrestado si deja la legación para ser extraditado a Estados Unidos y juzgado por la publicación en WikiLeaks de secretos militares y documentos diplomáticos estadounidenses en 2010.

Desde que le concedió el asilo, Quito espera que las autoridades británicas le entreguen un salvoconducto para que pueda salir de Reino Unido.


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Maria Jose Toledo9 enero, 20182min2140

Para la ministra de Justicia, Rosana Alvarado, no se trató de un privilegio las entrevistas que concedió el exvicepresidente Jorge Glas dentro de la Cárcel N° 4, en el norte de Quito.

“Las entrevistas han sido en la medida de que se trataba del Vicepresidente todavía de la República. Ahora las condiciones han cambiado”, explicó Alvarado.

Glas se encuentra detenido desde el 2 octubre del 2017 cuando fue acusado como autor de asociación ilícita en la trama de corrupción Odebrecht.

La Ministra indicó que era la prensa quien estaba interesada en realizar las entrevistas con Glas. “No es este un privilegio ni un derecho que puede tener una persona privada de la libertad. Pero en su cargo, como Vicepresidente hasta la semana pasada, hemos considerado importante autorizar sí él aceptaba las entrevistas”.

Alvarado agregó que ahora que Glas ya no ostenta ningún cargo en el Gobierno“el panorama es otro”.

Estas declaraciones las dio el lunes, 8 de enero, tras un evento en el Consejo de la Judicatura.

  • El juicio político al exvicepresidente termina sin una determinación de responsabilidades
  • Para futuros juicios a Jorge Glas no se requiere permiso de la Asamblea
  • Dos expedientes para hallar el dinero de coimas en caso Odebrecht

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Maria Jose Toledo8 enero, 20181min1260

Integrantes del movimiento Unidad Popular (UP) presentaron esta mañana dos escritos en la Fiscalia General del Estado en los que piden se emitan medidas cautelares contra Rafael Correa y que se lo llame a rendir versión en el caso de negociación con Petrochina.

El expresidente se encuentra en Ecuador haciendo campaña por el No en la próxima Consulta Popular.

Según Geovanny Atarihuana, director nacional de UP, el exmandatario Correa debería ser investigado por la denuncia de Petrochina presentado Fernando Villavicencio, además de los casos Odebrecht, Petroecuador, el manejo de la deuda externa y la metida de mano en la justicia que, para él, es tráfico de influencias.

UP aspiran que el Fiscal actúe como manda la constitución y la ley, es decir, todos los ecuatorianos deben combatir la corrupción.


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Maria Jose Toledo8 enero, 201816min870

Rodeado de recuerdos en su amplia casa de dos plantas ubicada en Miravalle, sector residencial de Cumbayá, pasa la mayor parte de tiempo Pedro Restrepo, siempre atento al teléfono y en contacto con quienes le podrían dar información sobre sus hijos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi, desaparecidos hace 30 años.

El tiempo le ha pasado factura en los últimos años, pues ha sido sometido a siete intervenciones quirúrgicas desde 2008, lo que le ha mermado físicamente, pero no en su objetivo. Con voz pausada pero firme, aunque algunas veces se quiebra, en una de las miles de entrevistas que ha concedido, vuelve a recordar los hechos.

“Han sido 30 años de tanta lucha, de tanta angustia, de muchas frustraciones, pero también de realizaciones que causan mella en el espíritu y en el cuerpo… pero el ánimo, la decisión de buscar toda la verdad en el caso de mis hijos, aclararlo y de mantener en la memoria propia y colectiva, eso no ha mermado ni mermará”, subraya.

Mientras observamos que en la sala, en el estudio y los corredores se mantienen fotos de Santiago y Andrés y de su fallecida esposa, Luz Elena Arismendi, Pedro Restrepo toma ubicación en un sofá de cuero color beige e inicia su relato con lo que sucedió el fatídico 8 de enero de 1988.

Dice que la mañana de ese día, Carlos Santiago y Pedro Andrés, hermanos de 17 y 14 años, respectivamente, salieron de su casa ubicada en Miravalle, en un Jeep Tropper, de placas PHD-355 hacia las calles Río Coca y Av. De los Shyris, para recoger a un amigo y llevarlo al aeropuerto, pero nunca llegaron a su destino.

La familia y amigos iniciaron una búsqueda desesperada. Cuatro días después, la subteniente Doris Morán, jefa de la Brigada de Menores de la Policía, apareció en casa de la familia Restrepo. Ella le dijo a la familia que sabía que los jóvenes se hallaban con vida y que pronto regresarían, que lo fundamental era guardar silencio.

Así pasaron 10 meses sin que los hermanos aparecieran, por lo que la pareja decidió hacer público el caso de sus hijos y con fotos de Santiago y Andrés, desde marzo de 1989 acudieron cada miércoles a la Plaza Grande, a exigir verdad y justicia.

El primer logro importante llegó dos años después de la desaparición. El 13 de julio de 1990, cuando el entonces presidente de la República, Rodrigo Borja, firmó un decreto para que se creara una comisión nacional y luego una internacional dedicada a investigar el caso.

La investigación concluyó que el día 8 de enero en el sector conocido como el Partidero a Tumbaco, se desarrollaba un operativo de control vehicular por miembros de la Policía Nacional. Al no poseer licencia de conducir, el mayor de los hermanos, Carlos Santiago, habría intentado huir, después de la persecución, se presume que fueron detenidos y llevados al Centro de Detención Provisional.

La misma noche del 8 de enero, habrían sido trasladados al SIC-P, donde el sargento Guillermo Llerena encargó los detenidos al clase de llaves Hugo España.

En ese lugar los jóvenes fueron torturados y asesinados. En los días siguientes el teniente coronel Trajano Barrionuevo habría convocado a una reunión a varios miembros de la Policía Nacional y solicitado que se mantenga  la reserva.

El cabo segundo Camilo Badillo, el policía apodado ‘El Chocolate’, el sargento Guillermo Llerena y Hugo España se encargarían durante la noche del 11 de enero de llevar los cuerpos de los jóvenes a la laguna de Yambo para desaparecerlos definitivamente.

El 17 de agosto de 1991, buzos de la Marina Nacional, iniciaron la búsqueda de los cadáveres en la laguna de Yambo. Solo encontraron armas de fuego y abandonaron la exploración.

Según el recuento, el 15 de noviembre de 1994, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Acosta, dictó sentencia condenatoria contra: Guillermo Llerena y Camilo Badillo a los cuales se les impuso la pena de 16 años de reclusión mayor extraordinaria como autores de detención arbitraria e ilegal, torturas y asesinato de los menores; a Trajano Barrionuevo, Juan Sosa y Doris Morán, a ochos años de reclusión mayor ordinaria como cómplices; y a Gilberto Molina y Hugo España a dos años como encubridores”. Cumplieron la mitad de las condenas.

La familia Restrepo, el 6 de agosto de 1997 presentó una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en contra del Estado por violación de derechos protegidos por la Convención Americana.

El gobierno de Fabián Alarcón, por medio de la Procuraduría General del Estado, el 24 de febrero de 1998, reconoció que en este caso, se cometió un crimen de Estado.

Las partes arribaron a un acuerdo amistoso en el que el Estado se comprometió a indemnizar a la familia Restrepo Arismendi, ejecutar una completa, total y definitiva búsqueda en la laguna de Yambo y a recuperar los cuerpos de los menores.

En diciembre de 2008, 10 años después del acuerdo y 20 años de la desaparición la Procuraduría, contrató a la empresa Darwinvest para  un nuevo rastreo en la laguna. Sin resultados positivos.

Consultado sobre lo que espera del actual gobierno, subraya que como este es un crimen de Estado, “es responsabilidad del Estado el resolverlo. No es cuestión de pedir algo, es su obligación”, y admite que no ha tenido contacto alguno.

La investigación sigue abierta

“Judicialmente el caso no está cerrado, hubo una sentencia en donde se condenó a siete personas, pero a raíz de la Comisión de la Verdad salió una evidencia y un expolicía del SIC acusó a otros compañeros suyos como copartícipes del crimen… El caso está en indagación previa y ya lleva cinco años”.

Se refiere a los exagentes del desaparecido SIC, Édgar Fraga, Antonio Gudiño y Jorge Medrano, quienes son acusados por uno de sus colegas de unidad, Salomón Castillo, de ser ellos los que desaparecieron a los hermanos Santiago y Andrés Restrepo Arismendi.

Además, revela que en este momento hay en la fiscalía una señora relativamente joven que dice tener alguna información y la Fiscalía está tomando esas declaraciones para saber si hay algo de cierto o no.

María Fernanda le  toma la posta a su padre

Como algo maravilloso y una prueba más de que hay un Dios presente, pese a todas las adversidades, califica Pedro Restrepo al documental Con mi Corazón en Yambo realizado por su hija, María Fernanda, ya que contribuye a que el caso de la desaparición de sus hijos no quede en la impunidad ni en el olvido.

Recuerda que por cuestiones de salud, dejó de salir a las protestas en la Plaza Grande los miércoles desde 2008, pero de pronto salió su hija con este documental cinematográfico en donde se hace un compendio muy claro y preciso de lo que ha pasado con el caso Restrepo.

Esto es como continuar la lucha por otros medios, ya no por el convencional sino por los digitales y sociales, dice, al señalar que el documental está siendo exhibido en colegios, escuelas, universidades, cabildos y barrios, acompañados de charlas, foros y explicaciones de este hecho de la historia del país.

“Yo seguiré enfrente de la causa en todo lo que pueda, pero efectivamente ella (María Fernanda) cogió la posta de la lucha”, dice, al señalar que por el momento desconoce si habrá un segundo documental.

María Fernanda, aseguró que su familia y la sociedad ecuatoriana aún esperan una disculpa de las autoridades de ese entonces y también de la Policía Nacional. Pero, sobre todo, su lucha es para conocer la verdad, ella quiere saber qué sucedió con sus hermanos, Santiago y Andrés.

Es por eso que la difusión del documental estrenado en 2010 sirve para que la comunidad no olvide esta etapa triste del país.

La película presenta dos niveles: el plano íntimo de una familia lidiando con la tragedia de la desaparición; y en el de la historia de un pueblo que vivió en medio de la incertidumbre y la violencia fomentada, en gran parte, por los defensores del orden establecido.

María Fernanda se encargó de la investigación, el guion y la dirección de la cinta que fue aceptada en el festival International Documentary Film Festival Amsterdam, y ha tenido otros reconocimientos.

Cronología

El caso de la desaparición de los hermanos Restrepo es considerado como uno de los más emblemáticos en Ecuador. El Estado aceptó su responsabilidad, de los 35 sindicados, siete policías fueron sentenciados y durante 30 años se han presentado diferentes hechos calificados como claves en el proceso de investigación.

08 enero, 1988

Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo Arismedi, hermanos de 17 y 14 años, respectivamente, fueron detenidos por efectivos policiales y desde ahí desaparecen.

13 febrero, 1988

Fueron encontrados los restos del vehículo en el que viajaban Carlos y Andrés en el fondo de la quebrada Pacha, la Policía armó un operativo, pero no hallaron los cuerpos.

13 julio, 1990

El presidente de la República, Rodrigo Borja firmó un decreto presidencial mediante el cual conformó una Comisión Internacional, con el fin de investigar la desaparición de los hermanos Restrepo, considerando el hecho como un problema que afectaba a la sociedad ecuatoriana en su conjunto. Los comisionados realizaron investigaciones propias y recabaron información de testigos, entre ellos del ex agente policial Hugo España. Una vez entregado el informe de la Comisión Internacional el caso pasó a manos de la justicia ecuatoriana.

17 agosto, 1991

Buzos de la Marina Nacional, iniciaron la búsqueda de los cadáveres en la laguna de Yambo. Solo encontraron armas de fuego y abandonaron la exploración.

02 septiembre, 1991

El presidente Rodrigo Borja suprimió el Servicio de Investigación Criminal (SIC) y en su lugar dio paso a la estructuración de la Oficina de Investigación del Delito (OID).

16 noviembre, 1994

El presidente de la Corte suprema de Justicia, Francisco Acosta dictó sentencia contra Guillermo Llerena, Víctor Badillo, Trajano Barrionuevo, Juan Sosa, Doris Morán y 2 más.

24 febrero, 1998

El presidente de la República Interino, Fabián Alarcón, reconoció que en este caso, se cometió un crimen de Estado y manifestó que aceptaba la culpabilidad.


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Mayra Soria7 enero, 20182min1480

El Consejo de Estado fijó para el domingo 11 de marzo las elecciones generales para elegir los delegados provinciales y diputados nacionales, proceso que culminará el 19 de abril con la elección de un nuevo presidente, en sustitución de Raúl Castro.

Esos comicios quinquenales, que tradicionalmente se realizan en febrero, fueron diferidos esta vez por la Asamblea Nacional a causa de los daños del huracán Irma, que en septiembre castigó a la isla, dejando 10 muertos y pérdidas por 13.000 millones de dólares, según el legislativo.

Los cubanos votarán delegados de las 15 provincias y a poco más de 600 diputados al Parlamento, según el sistema del Poder Popular vigente en la Constitución.

Los diputados electos instalarán la nueva Asamblea Nacional el 19 de abril, con un presidente, un vicepresidente y un secretario. De entre sus miembros, también serán electos ese mismo día los 31 miembros del Consejo de Estado.

El Consejo de Estado se reunirá de inmediato para elegir a su presidente, un vicepresidente primero, cinco vicepresidentes y un secretario. El presidente sustituirá a Raúl Castro, quien ya cumple dos mandatos de cinco años en el cargo.

Las candidaturas para delegados provinciales y diputados serán propuestas en un 50% por los delegados municipales ya electos y el restante 50% será nominado por seis organizaciones sindicales, femeninas, obreras, campesinas y estudiantiles.

El Partido Comunista (PCC, único) no nomina candidatos, pero supervisa el proceso.

Redacción 24Matins



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