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Mayra Soria13 septiembre, 20174min920

José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional, presentó un proyecto de Ley Contra la Corrupción conocido como Ley de Manos Limpias, que busca prevenir el cometimiento de delitos contra la administración pública. Para ello, sugiere sanciones drásticas y que quienes sean condenados por dichos delitos pierdan todo su patrimonio.

Según la propuesta, que modifica el Código Orgánico Integral Penal, no es posible indultar a una persona en caso de delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, como un primer mensaje de cero tolerancia a cualquier acto de corrupción en el Estado.

Incremento de sanciones

A través del proyecto se incrementan las sanciones en el caso del delito de peculado de 20 a 25 años cuando se utiliza en beneficio propio o de terceros sus funciones. Actualmente la pena es de 10 a 13 años. En el caso que utilicen trabajadores remunerados por el Estado o entidades del sector público para beneficio propio cuando signifique lucro o incremento patrimonial, se sugiere una pena de 10 a 13 años, en reemplazo de cinco a siete años.

Enriquecimiento ilícito

Se redefine el delito de enriquecimiento ilícito. Se entenderá por tal no solo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, cosas o bienes, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, sino también cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones; o cuando se han cubierto gastos que van más allá o excedan la capacidad de pago del servidor público.

Cambio en penas y delitos

Igualmente, se actualizan los tipos penales de cohecho, tráfico de influencias, testaferrismo, bajo estándares internacionales y se agravan las penas; se incrementa el castigo para el delito de concusión, se tipifican nuevos delitos de corrupción, sancionados con pena privativa de libertad de 15 a 20 años; que un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas realice acciones para obtener ilícitamente beneficios para sí o para un tercero, el aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, simulación de gastos, el uso de fuerza física, amenazas o intimidación; la contratación sin cumplimiento de requisito.

Se establece que para el ejercicio de la acción penal por delitos de peculado o enriquecimiento ilícito no se requiere como paso previo que la Contraloría emita sus informes.

Serrano Salgado propone que en todos estos casos de delito contra la eficiencia de la administración pública, la persona sancionada quede inhabilitada de por vida para el ejercicio de cualquier cargo público y pierda los derechos de participación, se extinga el dominio y se proceda al comiso penal de todos sus bienes, a fin de desincentivar cualquier práctica corrupta, pues quienes incurran en las mismas deberán estar conscientes que ponen en riesgo todo su patrimonio, incluso el que hayan adquirido legítimamente.

Redacción Asamblea Nacional


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Maria Jose Toledo28 julio, 20172min580

La Comisión de Gobiernos Autónomos, liderada por el legislador Montgómery Sánchez, aprobó ayer, por unanimidad, el informe para primer debate del proyecto de Ley de Fijación de Límites Territoriales Internos del Ecuador, que contempla una transitoria para la ejecución de consulta popular.

Esto en el marco de la participación ciudadana de los habitantes de provincias y cantones involucrados en conflictos limítrofes: “La participación ciudadana constituye un eje transversal de la mesa legislativa, que no se puede invisibilizar”, aseguró el titular de la Comisión.Sánchez aseveró que la finalidad de esta transitoria es mantener la unidad nacional y que el pueblo debe decidir en las urnas a qué territorio desea pertenecer.

De 972 casos de conflicto limítrofe, aún restan solucionar 23 cantonales y 13 provinciales, entre ellos, Cañar y Chimborazo, Esmeraldas y Pichincha, Los Ríos y Guayas. “Se trata de problemas territoriales que el Consejo Nacional de Límites, CONALI, no supo gestionar, pero la mesa parlamentaria brinda esta alternativa para su resolución”, indicó.

Rubén Bustamante, representante de Loja, mencionó que la definición de los límites viabiliza la optimización de los recursos fiscales, así como la provisión de servicios y derechos de manera oportuna.

Asimismo, aclaró que en el informe se consideraron los aportes del CONALI, al igual que los ofrecidos por los prefectos provinciales, alcaldes, concejales cantonales y vocales de juntas parroquiales rurales, lo que ratificó el rol participativo de los actores sociales en el proceso de construcción de la ley.


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Maria Jose Toledo4 julio, 20172min910

El pasado 19 de febrero, las y los ecuatorianos acudieron a las urnas para elegir presidente, vicepresidente, asambleístas y parlamentarios andinos, además votar en consulta popular sobre paraísos fiscales.

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional sesionó ayer para lograr la aplicación de la consulta popular, mediante la aprobación del informe para segundo debate del proyecto que pasará a conocimiento y resolución del Pleno de la Asamblea Nacional.

La propuesta prohíbe el desempeño de una dignidad de elección popular o de servidor público a personas que tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en países considerados paraísos fiscales.

El organismo legislativo sometió el proyecto a un proceso de socialización y recopilación de aportes, comentarios y observaciones de parte de autoridades de la Contraloría, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas, Servicio de Contratación Pública, catedráticos y expertos constitucionalistas.


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Mayra Soria30 mayo, 20171min690

Entrevista al Dr. Hugo Landívar quien explica y analiza el Proyecto de ley que regula los actos de odio y discriminación en redes sociales e internet en el Ecuador.

Este proyecto fue remitido por el expresidente del Ecuador, Ec. Rafael Correa Delgado, el 23 de Mayo del 2017, un día antes de dejar su cargo.

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