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Ma. Eugenia Logroño7 junio, 20182min142

Once abogados, cuatro comunicadores sociales, dos licenciados en ciencias de la educación, un antropólogo, un sociólogo y un ingeniero contable, entre asambleístas y asesores, serán los encargados de procesar las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación (LOC).

El trámite empezó ayer en la Comisión de Derechos Colectivos, presidida por Jorge Corozo (AP), donde se conocieron seis proyectos de reformas, uno se devolvió a la presidencia de la Asamblea, y se espera que hoy ingresen dos más de Soledad Buendía (de la Revolución Alfarista) y del exlegislador AP Augustín Delgado, que está en la Comisión de Justicia.

En la primera sesión se acordó la comparecencia para el próximo lunes a las 15:00 del secretario de Comunicación, Andrés Michelena, y del presidente del Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunicación (Cordicom), Danilo Silva.

Corozo anunció que pedirá una prórroga para presentar el informe para primer debate, pues los 45 días que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa no serán suficientes. Para el debate se invitará a representantes de los gremios periodísticos y de los medios, catedráticos y a los afectados de la aplicación de la Ley de Comunicación.

RTW24


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Ma. Eugenia Logroño18 mayo, 20181min160

El proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior, cambiaría el sistema de admisión a las universidades, pues ya no será el examen Ser Bachiller el único que determine el ingreso o no a un centro de educación superior sino otros aspectos.

Silvia Salgado, vicepresidenta de la comisión de Educación, precisó que para el ingreso universitario se tomarán en cuenta las capacidades de los estudiantes, las condiciones socioeconómicas, aspectos de inclusión y trayectoria académica.

También se busca incrementar al 35 % la representación de los estudiantes en el cogobierno en la toma de decisiones en cada universidad, fortalecer la educación tecnológica que será considerada de tercer nivel y se crearán institutos superiores universitarios que sean los encargados de otorgar especialización técnica, lo cual es una preparación previa para un cuarto nivel.

Redacción RTW24


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Maria Jose Toledo11 enero, 20185min720

La sostenibilidad del sistema público de pensiones es uno de los problemas más graves al que nos enfrentamos. Su solución no solo es compleja desde el punto de vista técnico sino que requiere grandes dosis de diálogo, negociación y acuerdo entre todas las fuerzas políticas y sociales. La propuesta de resolverlo con una imposición finalista al sector bancario lanzada ayer por Pedro Sánchez no solo es ineficaz, pues no logrará el objetivo que persigue, sino demagógica, como quedó claro en su justificación como una suerte de venganza por las ayudas recibidas tras la crisis financiera. Lo último que necesita nuestro sistema de pensiones son soluciones de inspiración populista.

Los ciudadanos observan con inquietud el deterioro creciente de las cuentas de la Seguridad Social. La intranquilidad es tanto mayor cuanto que el debilitamiento financiero de la Seguridad Social coexiste con la evolución favorable del empleo, del número de afiliaciones. Es así porque el empleo que se está creando es de baja calidad, dada la temporalidad dominante en los contratos de trabajo y el reducido salario medio de los nuevos empleados. A ello hay que añadir la evolución demográfica de nuestro país, con un envejecimiento creciente que en modo alguno favorece el necesario aumento de la relación entre cotizantes y pensionistas. Frente a ello es de todo punto necesario actuar ya.

Las decisiones a adoptar deben operar sobre distintos ámbitos, desde las destinadas a mejorar la calidad del empleo que se crea hasta la eliminación del fraude en las contrataciones, sin olvidar eventuales ampliaciones en la edad de jubilación o elevaciones en los topes de cotización.

Pero sin menoscabo de esas actuaciones, es necesario asumir que cualquier desequilibrio entre ingresos y gastos de la Seguridad Social será soportado por los presupuestos públicos. Ello significa admitir que la recaudación de impuestos debe incrementarse para satisfacer esa prioridad inexcusable.

Lo que no es razonable es definir un impuesto específico que recaiga sobre un sector concreto de la economía. Mucho menos justificarlo como una contrapartida a las ayudas públicas que han recibido los bancos en la gestión de la crisis financiera.

Cuestión distinta es la introducción de gravámenes sobre determinadas actividades, como las que deterioran el medio ambiente o la actividad excesiva de determinadas transacciones financieras y especulativas, como la tasa aprobada por numerosos Gobiernos y pendiente de aprobación definitiva en la UE cuyos orígenes se remontan a la demonizada tasa Tobin. La propuesta del FMI en 2010 de un impuesto a la banca tenía como fin la constitución de un fondo para atender futuras crisis de solvencia de esas entidades, no para atender las pensiones.

El necesario aumento de los ingresos fiscales para garantizar los compromisos de la Seguridad Social no tiene por qué concretarse en impuestos finalistas. Existe recorrido suficiente en la mayoría de las figuras tributarias existentes para garantizar la generación de ingresos. La definición de esos medios, de la elección de las figuras tributarias para satisfacer el objetivo de suficiencia, debe ser el objeto de un debate inaplazable entre los representantes parlamentarios.

Las fuerzas políticas deberían ser conscientes del tiempo perdido. La reanimación de la Comisión del Pacto de Toledo tiene que empezar por explicitar el compromiso de atención a los compromisos actuales y futuros sobre las pensiones. Ese debe ser el punto de partida, y no las proclamas populistas de penalización a un determinado sector que terminan debilitando el objetivo perseguido y erosionando la credibilidad de quien lo propone.

Redacción El País


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Mayra Soria13 septiembre, 20174min920

José Serrano Salgado, presidente de la Asamblea Nacional, presentó un proyecto de Ley Contra la Corrupción conocido como Ley de Manos Limpias, que busca prevenir el cometimiento de delitos contra la administración pública. Para ello, sugiere sanciones drásticas y que quienes sean condenados por dichos delitos pierdan todo su patrimonio.

Según la propuesta, que modifica el Código Orgánico Integral Penal, no es posible indultar a una persona en caso de delitos cometidos contra la administración pública ni por genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de conciencia, como un primer mensaje de cero tolerancia a cualquier acto de corrupción en el Estado.

Incremento de sanciones

A través del proyecto se incrementan las sanciones en el caso del delito de peculado de 20 a 25 años cuando se utiliza en beneficio propio o de terceros sus funciones. Actualmente la pena es de 10 a 13 años. En el caso que utilicen trabajadores remunerados por el Estado o entidades del sector público para beneficio propio cuando signifique lucro o incremento patrimonial, se sugiere una pena de 10 a 13 años, en reemplazo de cinco a siete años.

Enriquecimiento ilícito

Se redefine el delito de enriquecimiento ilícito. Se entenderá por tal no solo cuando el patrimonio se ha incrementado con dinero, cosas o bienes, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, sino también cuando se han cancelado deudas o extinguido obligaciones; o cuando se han cubierto gastos que van más allá o excedan la capacidad de pago del servidor público.

Cambio en penas y delitos

Igualmente, se actualizan los tipos penales de cohecho, tráfico de influencias, testaferrismo, bajo estándares internacionales y se agravan las penas; se incrementa el castigo para el delito de concusión, se tipifican nuevos delitos de corrupción, sancionados con pena privativa de libertad de 15 a 20 años; que un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas realice acciones para obtener ilícitamente beneficios para sí o para un tercero, el aprovechamiento indebido en beneficio propio o de un tercero, simulación de gastos, el uso de fuerza física, amenazas o intimidación; la contratación sin cumplimiento de requisito.

Se establece que para el ejercicio de la acción penal por delitos de peculado o enriquecimiento ilícito no se requiere como paso previo que la Contraloría emita sus informes.

Serrano Salgado propone que en todos estos casos de delito contra la eficiencia de la administración pública, la persona sancionada quede inhabilitada de por vida para el ejercicio de cualquier cargo público y pierda los derechos de participación, se extinga el dominio y se proceda al comiso penal de todos sus bienes, a fin de desincentivar cualquier práctica corrupta, pues quienes incurran en las mismas deberán estar conscientes que ponen en riesgo todo su patrimonio, incluso el que hayan adquirido legítimamente.

Redacción Asamblea Nacional


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Maria Jose Toledo1 julio, 20173min1120

Bajo el principio de igualdad de oportunidades, la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional analizó las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (Loes). Dentro de los consensos, los legisladores acordaron solicitar un certificado de orientación vocacional del plantel educativo del que provenga el estudiante, aunque no será vinculante.

Para Augusto Espinosa, presidente de esta mesa legislativa, los planteles de educación media deben poner atención al futuro del estudiante. “El certificado de orientación vocacional no será el que decida el ingreso a las universidades, pero se provoca la ocupación del sistema en el proceso previo al ingreso a una casa de estudios superiores”, recalcó.

También se analizó el tema del examen propedéutico, que sería diferenciado, es decir, diseñado por cada universidad, pero que exista una evaluación estandarizada. Según explicaron los legisladores, no se trata solo de evaluar el individuo, sino más bien, tiene implícita una evaluación institucional, lo que incide en que se dé un salto cualitativo para minimizar la evaluación de la gestión y maximizar los resultados.

Dentro de la discusión al interior de la Comisión, el análisis se centra en tener un sistema integral de educación, con dos subsistemas: educación general y superior, con la idea de articularlos y corresponsabilizarlos, lo que generará un proceso de admisión en circunstancias más objetivas.

En el caso del acceso a becas o ayudas económicas, tanto en las instituciones públicas como privadas, el estudiante deberá cumplir los requisitos normados en el sistema de nivelación y admisión, que observará los principios de igualdad de oportunidades, mérito y capacidad. El debate continuará, pues en la mesa de trabajo, están conscientes que es necesario presionar el acelerador, para encontrar los mecanismos adecuados y brindarles tranquilidad a los estudiantes, padres de familia y maestros.

El próximo lunes la Comisión sesionará para continuar el tratamiento de las reformas a la Loes.



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